DEBATE AMBIENTAL
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que abre un nuevo debate ambiental y productivo en el país. El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente a través de redes sociales y se enmarca en el período de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 30 de diciembre.
Según informó el Ejecutivo, el objetivo central de la propuesta es ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones consideradas arbitrarias y avanzar hacia un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional. Desde el Gobierno sostienen que, a más de 15 años de su sanción, la normativa actual generó inseguridad jurídica, paralizó inversiones productivas y afectó las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
El proyecto plantea establecer reglas claras que prioricen la protección de los glaciares con función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales y eliminen márgenes de discrecionalidad que, según el comunicado oficial, frenaron el desarrollo económico bajo argumentos ideológicos. En ese sentido, se busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo humano, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución.
Además, la iniciativa reafirma el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, reconocido en el artículo 124, y fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, promoviendo una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares.
Desde el Ejecutivo señalaron que la reforma responde a reclamos históricos de provincias cordilleranas, entre ellas las que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, y solicitaron al Congreso un pronto tratamiento legislativo, con participación ciudadana, para avanzar hacia un modelo de desarrollo federal, sostenible y previsible.
