En los últimos días, un docente de Mendoza fue denunciado en dos escuelas de la provincia por presuntos abusos sexuales hacia estudiantes. Cuatro casos de tocamientos indebidos han salido a la luz en estos establecimientos, desatando indignación y preocupación entre la comunidad educativa y los padres. Lo alarmante es que, tras las denuncias, se descubrió que el profesor ya contaba con una condena a tres años de prisión en suspenso por el mismo delito, situación que no había impedido que continuara dando clases.
Daniela García, coordinadora de Gabinete de la Dirección General de Escuelas (DGE), expresó su preocupación por lo sucedido y anunció que analizarán los errores y procedimientos que permitieron que esta situación se prolongara. Según García, la DGE investigará exhaustivamente los fallos administrativos o legales que permitieron que una persona con antecedentes de abuso sexual mantuviera su puesto en el sistema educativo.
Este caso ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de los controles en los antecedentes de los docentes que tienen contacto directo con menores, poniendo en el centro del debate la necesidad de reforzar los filtros de seguridad en el ámbito educativo para evitar situaciones similares. La DGE, por su parte, ha asegurado que tomará medidas correctivas para mejorar la protección de los estudiantes en todas las instituciones de la provincia.



