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Iniciativas privadas: cómo será el nuevo esquema para invertir en el Parque San Martín

La provincia fijó el procedimiento para canalizar propuestas privadas con control ambiental y evaluación técnica.

Parque San Martín

El Ministerio de Energía y Ambiente reglamentó el procedimiento para la presentación de iniciativas privadas en el Parque General San Martín, estableciendo un marco administrativo y legal para la recepción y evaluación de proyectos de inversión.

La medida formaliza una convocatoria pública en el marco del Régimen Provincial de Iniciativa Privada, regulado por el Decreto 2002/25, y define las condiciones bajo las cuales podrán analizarse propuestas destinadas a intervenir en la infraestructura del parque.

El Parque General San Martín, declarado Área Ambiental Urbana Protegida, cuenta con resguardos normativos específicos que deberán ser considerados en cada proyecto, en particular en lo referido a su carácter ambiental, cultural y patrimonial.

En cuanto al procedimiento, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque será la encargada de recibir las propuestas y verificar el cumplimiento de las normativas ambientales, mientras que la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Digebire) participará en el análisis vinculado al uso de los inmuebles estatales.

Parque San Martín
 

Las presentaciones deberán realizarse de manera digital y, para esta primera etapa, la cartera ambiental fijó como fecha límite el 15 de mayo de 2026, aunque la normativa contempla la posibilidad de incorporar nuevas iniciativas con posterioridad.

Cada proyecto será sometido a una evaluación técnica, que incluirá un informe de compatibilidad de usos. Este informe no será vinculante y, en caso de corresponder, podrá ser elevado al Poder Ejecutivo para su consideración como propuesta de interés público.

El esquema establece criterios vinculados a la agilidad administrativa, la transparencia en los procesos de selección y la seguridad jurídica para el desarrollo de las iniciativas.

Además, se prevén instancias de control y fiscalización, con intervención de la Autoridad Ambiental, que tendrá a su cargo la evaluación de impactos y la supervisión de los proyectos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes.

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