JUICIO POR LA VERDAD
Una madre mendocina que vivió un embarazo de alto riesgo y un parto en condiciones críticas en el Hospital Lagomaggiore en 1986, denunció que su hijo fue sustraído o ocultado, y que nunca le entregaron el cuerpo. Casi cuatro décadas después, la Justicia Federal comenzó a investigar el caso con sospechas de alteración del estado civil, falsedad documental y encubrimiento.
La causa está en manos del fiscal Fernando Alcaraz, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, y del juez Marcelo Garnica. La mujer, identificada como F.S., inició la denuncia con el patrocinio del abogado Carlos Varela Álvarez, quien confirmó que el caso podría encuadrarse en la figura de Juicio por la Verdad, un mecanismo que no busca sanciones penales, sino esclarecer hechos cuando la pena ya está prescripta por el paso del tiempo.
El certificado de defunción, anterior al de nacimiento
Uno de los elementos más graves en la denuncia es la incongruencia documental: el certificado de nacimiento del bebé figura fechado el 3 de septiembre de 1986 a las 23.05, mientras que el certificado de defunción lleva fecha del mismo día, pero a las 20 horas, es decir, tres horas antes. Ambos documentos están firmados por personas distintas, aunque comparten el mismo número de DNI, lo que refuerza la hipótesis de una manipulación administrativa.
Según consta en la denuncia, la mujer fue derivada al Lagomaggiore durante una internación prolongada. Asegura que vio a su hijo con vida, pero que nunca pudo volver a verlo. Le informaron verbalmente su fallecimiento, argumentando que el cuerpo quedaría “para estudio”, pero jamás le permitieron retirarlo. Años más tarde, al buscar información sobre la sepultura, se encontró con que el lugar indicado era una fosa común desorganizada y sin identificación.
Un DNI que se emitió y se anuló
El equipo legal de F.S. también reveló otro dato clave: habría indicios de que el DNI del menor fue emitido y luego anulado, lo que podría sostener la hipótesis de una sustracción de identidad. Esta línea de investigación es la que más preocupa a la querella, ya que sugiere que el menor podría no haber muerto, sino haber sido entregado, vendido o registrado por otra familia.
Testigos, citaciones y una causa abierta
La Justicia Federal ya anticipó que comenzará a citar testigos para reconstruir lo ocurrido en esa guardia del hospital Lagomaggiore. Si bien no habrá consecuencias penales por tratarse de un hecho prescripto, el juicio podría aportar información clave para otras familias que sospechan haber vivido situaciones similares en las décadas de los 80 y 90, ya en plena democracia.
“Esta decisión judicial es importante porque abre las puertas a quienes siguen buscando a sus hijos o su verdadera identidad”, expresó el abogado Varela Álvarez en una conferencia de prensa. La causa de F.S., que parecía enterrada por el tiempo, se convirtió ahora en símbolo de una búsqueda más amplia: la de la verdad, incluso cuando ya no puede haber castigo.
