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La Corte ordenó el decomiso y destrucción de más de 8.500 vehículos secuestrados en Mendoza

El máximo tribunal provincial dispuso avanzar con la destrucción y compactación de autos y motos retenidos por más de dos años. La medida busca aliviar la saturación de depósitos y reducir el riesgo ambiental que generan los rodados abandonados.

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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó el decomiso de más de 8.500 vehículos que permanecen en las Playas de Secuestro de toda la provincia. Mediante la Acordada Nº 32.273, firmada el pasado 31 de octubre, la Sala Administrativa del Alto Tribunal solicitó a los tribunales y fiscalías intervinientes que se expidan para avanzar con los procesos de desguace, descontaminación, destrucción y compactación de los vehículos judicializados cuyo bodegaje haya superado los dos años desde su retención.

Esta medida se enmarca en el Programa Mendoza Compacta (PROMECOM), puesto en marcha en 2021, que busca reducir el volumen de chatarra acumulada en predios oficiales y minimizar su impacto sobre el ambiente y la salud pública.

En la disposición se detalla que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza remitió un listado con todos los rodados judicializados alojados en las playas provinciales, con un total de 8.596 unidades al 15 de julio de 2025. Además, se estima que existen otros 3.180 vehículos distribuidos en las playas distritales, no incluidos en esa cifra.

El documento aclara que el mantenimiento de ciertos rodados bajo custodia seguirá siendo “razonable y necesario” en aquellos casos donde el bien conserve valor probatorio dentro de una causa o aún no exista sentencia definitiva. Por ello, la Corte dispuso una excepción al decomiso automático, permitiendo una prórroga de hasta dos años desde el secuestro cuando corresponda.

Riesgo ambiental y saturación de los depósitos

El Alto Tribunal enfatizó que la permanencia indefinida de estos bienes en los depósitos afecta la seguridad, el control administrativo y genera un perjuicio económico tanto para el Estado como para potenciales adjudicatarios. Además, remarcaron que algunos vehículos permanecen en custodia desde hace más de 20 años, lo que ha provocado una saturación de las playas provinciales.

En sus fundamentos, la Corte advirtió: “El estado de la mayoría de los rodados son un potencial foco de contaminación de napas subterráneas de agua y suelo debido a los fluidos que desprenden. La acumulación desordenada y desorganizada alienta la presencia de roedores y otras alimañas y el peligro real y latente de incendios por la presencia de combustibles, lubricantes, plásticos y otros materiales inflamables, pueden afectar vecindarios colindantes como han sido de público conocimiento los ocurridos en playas como San Agustín de Ciudad y Vignaud del departamento de San Martín”.

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