DERECHOS
Más de 1.200.000 personas con discapacidad enfrentan una crisis por la modificación de los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas, que limitan el acceso y fueron cuestionados por la justicia.
El Gobierno inició auditorías con notificaciones poco accesibles, dando solo tres semanas para presentarse, a veces a más de 500 kilómetros de distancia, generando incertidumbre y dificultades.
Desde diciembre no se actualizan los montos para prestaciones, afectando terapias y generando cierres de centros y renuncias de profesionales.
Las organizaciones presentaron un reclamo ante la ONU y piden suspender las auditorías y aprobar la ley de emergencia, que busca mejorar pensiones y condiciones para el colectivo.
