APELACIÓN
La Justicia federal concedió al Gobierno nacional el recurso de apelación contra el fallo que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes, lo que habilita que la medida continúe vigente hasta que el planteo sea resuelto por instancias superiores.
La decisión fue celebrada públicamente por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó en su cuenta de X: “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete no se suspende. El protocolo se seguirá aplicando, aun cuando esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”.
En el mismo sentido se expresó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo: “El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin”.
El fallo original había sido dictado este lunes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En esa resolución, el magistrado declaró la nulidad de la Resolución 943/2023, impulsada durante la gestión de Bullrich y sostenida bajo la actual ministra Alejandra Monteoliva, al considerar que el Ministerio de Seguridad carece de facultades para restringir derechos constitucionales mediante una decisión administrativa.
Tras ese pronunciamiento inicial, el CELS celebró la sentencia y remarcó que “la resolución del juez Cormick establece límites claros a lo que puede hacer el Ministerio de Seguridad, ya que no puede restringir derechos constitucionales”.
También diversas organizaciones sindicales manifestaron su respaldo al fallo original, mediante comunicados y publicaciones en redes sociales, destacando el alcance institucional de la decisión judicial.
Sin embargo, con la concesión del recurso de apelación otorgada este martes, el protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de calles continuará en plena vigencia hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
El Gobierno nacional ya había anticipado que apelaría la medida inicial, al defender el protocolo antipiquetes como una herramienta clave para garantizar la libre circulación, el orden público y señalar que la iniciativa cuenta con un amplio respaldo social.
