PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Javier Milei a llevar a cabo una investigación completa y urgente sobre los hechos ocurridos el pasado 12 de marzo, cuando las fuerzas de seguridad emplearon una brutal represión contra manifestantes jubilados e hinchas de clubes de fútbol que exigían mejoras en las pensiones. La represión dejó más de 40 personas heridas, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo, quien sigue en estado crítico después de ser golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno.
En un comunicado oficial, Jan Jarab, representante de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, destacó que "la existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación pacífica". También subrayó que el uso de la fuerza debe estar sujeto a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas.
Jarab recordó que varios de los manifestantes agredidos eran personas de la tercera edad, que estaban ejerciendo pacíficamente su derecho a reunirse para pedir mejoras en cuestiones de jubilación y salud. Además, expresó preocupación por el uso indiscriminado de la fuerza, que incluyó el empleo de armas menos letales, como gases lacrimógenos, los cuales, si no se usan correctamente, pueden ser mortales.
La ONU también denunció que casi cien personas fueron detenidas sin pruebas concretas en su contra y resaltó la importancia de mantener la independencia judicial para garantizar los derechos de los manifestantes, así como el control de la legalidad en las detenciones y las actuaciones policiales.
La represión en el Congreso del 12 de marzo dejó al menos 124 detenidos y 46 heridos, y sigue generando reclamos por parte de la sociedad y organismos internacionales en busca de justicia.
