La oposición insiste con endurecer las sanciones para funcionarios que conduzcan con alcoholemia positiva
La discusión sobre el endurecimiento de las sanciones para funcionarios públicos que conduzcan con alcoholemia positiva volvió a instalarse en la Legislatura de Mendoza. En la Cámara de Diputados permanecen sin tratamiento dos proyectos de ley impulsados por bloques de la oposición que buscan establecer penas más severas para quienes ocupen cargos públicos y sean detectados manejando alcoholizados.
El debate resurgió luego de que, entre 2025 y lo que va de 2026, cinco funcionarios públicos fueran detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol. El caso más reciente involucró al excoordinador del ETI de San Rafael, Diego Silvestre, quien fue interceptado con 2,27 gramos de alcohol en sangre, pocos días después de haber sido designado como representante de los abogados en el Consejo de Minería.
Dos proyectos sin tratamiento en Diputados
Las iniciativas fueron presentadas durante el período de sesiones extraordinarias. La primera corresponde al diputado Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos), mientras que la segunda fue impulsada un mes más tarde por la diputada Stella Huczak (PRO).
Con el inicio del período ordinario, ambos expedientes quedaron relegados y todavía no registran avances en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Qué propone el proyecto de Edgardo Civit Evans
La iniciativa plantea incorporar un nuevo artículo a la Ley Contravencional 9.099 para que las sanciones por conducir con alcoholemia positiva se dupliquen, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando el infractor sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Entre sus fundamentos, el legislador sostiene que los reiterados episodios protagonizados por funcionarios afectan la confianza ciudadana y generan un impacto negativo sobre la institucionalidad.
Además, argumenta que quienes ejercen cargos públicos tienen una responsabilidad mayor frente a la sociedad, por lo que considera necesario establecer castigos más severos con un criterio preventivo y ejemplificador.
La propuesta del PRO para modificar la Ley de Seguridad Vial
El proyecto presentado por Stella Huczak propone una reforma más amplia de la Ley de Seguridad Vial y del Código Contravencional.
La iniciativa mantiene el esquema vigente para las infracciones por alcoholemia, pero incorpora un agravante específico para funcionarios públicos, con multas más elevadas y mayores plazos de inhabilitación para conducir.
Además, establece que la infracción y la sentencia sean notificadas a la autoridad superior del funcionario involucrado, con el objetivo de fortalecer la transparencia y facilitar eventuales evaluaciones administrativas.
Entre otros cambios, el proyecto contempla:
- Prohibición de reemplazar las sanciones por trabajo comunitario.
- Cursos obligatorios de capacitación y conducción responsable.
- Retención del vehículo hasta el cumplimiento de la sanción.
- Aplicación de la inhabilitación para conducir aun cuando la multa sea abonada voluntariamente.
- Presunción de infracción cuando el conductor se niegue o dificulte el test de alcoholemia.
La postura del Gobierno provincial
Desde el Ejecutivo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, había señalado que el actual régimen ya contempla agravantes para funcionarios dentro del Código Contravencional, aunque aclaró que la Ley de Seguridad Vial no establece diferencias según la condición del infractor.
También destacó que las sanciones económicas vigentes alcanzan montos elevados y recordó que las multas máximas rondan los 5 millones de pesos.
En paralelo, el Gobierno informó que durante el primer semestre de 2026 se realizaron 49.707 controles de alcoholemia, un 33% más que en el mismo período del año anterior. Según los datos oficiales, la tasa de positividad se mantuvo en torno al 3%.
Los casos de funcionarios con alcoholemia positiva en Mendoza
La discusión legislativa volvió a cobrar fuerza luego de una serie de episodios protagonizados por funcionarios públicos.
Los casos registrados entre 2025 y 2026 incluyen:
- Diego Silvestre, detenido en julio de 2026 con 2,27 g/l de alcohol en sangre.
- Gustavo Villegas, consejero del Río Atuel, quien renunció tras ser detectado con 1,44 g/l en febrero de 2026.
- Miqueas Burgoa, concejal de Guaymallén, detenido en mayo de 2025 con 1,25 g/l.
- Martín Antolín, concejal de San Rafael, interceptado en noviembre de 2025 con 1,15 g/l.
- Jorge Teves, entonces presidente del EMOP, quien presentó su renuncia luego de registrar 0,89 g/l en enero de 2025.
Mientras algunos funcionarios dejaron sus cargos tras los controles positivos, otros continuaron ejerciendo sus funciones, un escenario que mantiene abierto el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones para quienes representan al Estado y conducen bajo los efectos del alcohol.