La vitivinicultura argentina atraviesa una crisis profunda marcada por la caída del consumo interno, la pérdida de competitividad y la reducción de la superficie cultivada. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el consumo bajó 18,3% interanual, un derrumbe que combina el deterioro del ingreso y cambios estructurales en los hábitos.
A este retroceso se suma un freno en las exportaciones: entre enero y agosto, los envíos de vinos y mostos disminuyeron 8,4%, afectados por el atraso cambiario y el encarecimiento de los costos logísticos y productivos. Al mismo tiempo, las importaciones de vino aumentaron 415% en 2024, impulsadas por precios internacionales más bajos y costos internos que no paran de subir.

El informe también apunta a un proceso de concentración productiva, especialmente en Mendoza. La provincia perdió 16.864 hectáreas de vid desde 2015 y registró una caída de pequeños viñedos. Hoy, el 7,4% de los establecimientos más grandes concentra casi el 45% de la superficie implantada, un escenario que desplaza a productores de menor escala.
La crisis hídrica, el cambio climático y la falta de financiamiento agravan la situación, afectando principalmente a quienes tienen menos recursos para invertir en tecnología o renovación de infraestructura. Según el CEPA, este escenario favorece la presencia de grandes grupos elaboradores y fraccionadores, mientras las unidades chicas enfrentan la posibilidad de abandonar la actividad.
El documento advierte que el sector necesita políticas activas, un tipo de cambio competitivo y mecanismos que aseguren precios mínimos de referencia para sostener la rentabilidad. Además, señala la ausencia de datos actualizados como un factor que dificulta la planificación en un sector clave para Mendoza, responsable del 71% de la superficie vitivinícola del país y pilar económico y cultural de la provincia.



