Bajo la lupa
La madrugada del 14 de septiembre de 2002 moría José Luis Bolognezi. La Argentina estaba atravesada por la desocupación y el departamento mendocino de San Martín, donde se produjo la muerte de este joven de 19 años, era parte de esa realidad. Cómo murió, quienes lo mataron o tuvieron responsabilidad directa en su deceso, serían respuestas que la Justicia nunca pudo dar.
La desprolijidad, la falta de profesionalismo y la desidia con la que se manejó el caso en las primeras horas de ocurrida la muerte, fueron errores que contaminaron toda la causa, que ensuciaron todos los indicios e impidieron que la muerte del Kote Bolognezi pudiera ser esclarecida y que sus responsables fueran condenados.
Han pasado 21 años desde ese día y han cambiado muchas cosas en el sistema judicial mendocino. La reforma ha sido profunda, sigue avanzando, el sistema es más eficiente y hay una mejor respuesta a la ciudadanía. Pero el ideal aún está muy lejano.
Un reciente informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sobre la eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina, indica que Mendoza está en el 12º lugar de eficiencia, con el 4,84% de causas resueltas. Si bien se encuentra en el mismo lugar que en 2019, cuando se realizó el último registro, la eficacia mejoró ya que en ese año había sido del 2,97%.
El sistema judicial más efectivo del país es el de Neuquén, con el 19,99%, mientras que el menos efectivo es el Ministerio Público de la Justicia Federal, con solo el 0,36%.
En el informe, que es parte de un proyecto de investigación dirigido por Alberto Binder y que es ejectutado por el programa de Ministerios Públicos y Sistemas Acusatorios, dirigido por Julián Alfie, se analiza que esta actualización de datos de “la tasa básica de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina”, busca identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad, que es uno de los objetivos principales de los Ministerios Públicos.
Para llegar a estos resultados se analiza:
- Ingresos: Cantidad total de casos penales ingresados al MPF durante el 2021.
- Salidas con incidencia político-criminal: Salidas aprobadas durante el 2021 que tengan alguna capacidad -aunque sea mínima- de impactar sobre el control de la criminalidad. Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las salidas tengan esa capacidad, es que impongan a una persona la realización de algún tipo de acción como consecuencia de su participación en el conflicto primario. Estas salidas implican reconocimiento de responsabilidad (formal o informal) y consecuencias de las acciones. Esto significa que los sectores victimizados han recibido alguna compensación -en sentido amplio- por los daños sufridos, lo cual no necesariamente implica una condena. Estas salidas son:
- Condenas
- Suspensiones de juicio a prueba
- Acuerdos reparatorios (en sentido amplio, más allá de su denominación concreta en cada sistema procesal).
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La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina: ranking de eficacia político criminal (2021)
- Neuquén: 19,99%
- Río Negro: 14,04%
- Chubut: 7,96%
- Jujuy: 7,11%
- Entre Ríos: 6,88%
- CABA: 6,65%
- La Pampa: 5,95%
- La Rioja: 5,50%
- Santa Fe: 5,33%
- Corrientes: 5,32%
- Salta: 5,14%
- Mendoza: 4,84%
- Santiago Del Estero: 3,63%
- Provincia de Buenos Aires: 3,24%
- Córdoba: 2,36%
- Formosa: 1,59%
- San Luis: 1,39%
- Chaco: 1,16%
- MPF Nación: 0,36%
No responden ni publican información:
- Catamarca
- Misiones
- San Juan
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
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Para el INECIP, el conocimiento y la información de estos datos es determinante para promover la eficacia del sistema de justicia.
La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales es un requisito fundamental para la vigencia de la democracia. Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal
"También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social. Evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los Ministerios Públicos”, se indicó en el informe.
Desde INECIP se consideró positiva la evolución de los ministerios públicos entre 2019 y 2021 (en 2020 no se realizó el estudio por la pandemia), y fueron muy críticos con los MPF de las provincias que no enviaron información.
Al respeto indicaron que “esta falta de información (no publicar ni tampoco responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos5. Este “apagón informativo” impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal.
