JUSTICIA
La discusión por la Ley de Financiamiento Universitario volvió a quedar en el centro de la escena política tras la masiva marcha federal en defensa de la educación pública. Mientras el sistema universitario reclama su aplicación inmediata, el Gobierno nacional apuesta a que la Corte Suprema de Justicia dilate la implementación de la norma.
El conflicto, que ya está judicializado, excede lo económico y se convirtió en una disputa política de alto impacto entre el Ejecutivo y el sistema educativo. En paralelo, distintos informes técnicos señalan que el costo fiscal de la ley sería relativamente bajo en términos macroeconómicos.
Según esas estimaciones, aplicar la norma implicaría un costo aproximado del 0,2% del PBI anual, lo que representa alrededor de 1.350 millones de dólares. Sin embargo, al tratarse de una eventual ejecución parcial en el segundo semestre de 2026, el impacto se reduciría a cerca del 0,1% del PBI, es decir unos 675 millones de dólares.
En ese marco, algunos análisis sostienen que el efecto sobre las metas fiscales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional sería limitado, sin alterar de forma sustancial el equilibrio general de las cuentas públicas, siempre que el resultado continúe siendo positivo.
Desde el sistema universitario advierten además sobre el deterioro acumulado en los últimos meses. Las transferencias presupuestarias habrían caído de manera significativa desde fines de 2023, mientras que los salarios docentes muestran pérdidas frente a la inflación que en algunos casos alcanzan entre el 30% y el 35%, dependiendo de la categoría.
En ese contexto, la aplicación de la ley implicaría recomposiciones salariales y actualizaciones en los presupuestos de funcionamiento de las universidades públicas, que hoy operan con fuertes restricciones.
El Gobierno, en cambio, sostiene su estrategia de contención del gasto en el marco del objetivo de superávit fiscal acordado con el FMI, combinando recortes directos con el congelamiento de partidas en términos reales, en un esquema conocido como “motosierra y licuadora”.
La administración nacional considera que el conflicto debe resolverse en el plano judicial, aunque en la práctica apuesta a extender los tiempos de definición de la Corte Suprema, lo que permitiría diferir el impacto presupuestario.
