POR DECRETO
El Gobierno de Mendoza implementó una serie de cambios en la Comisión Valuadora General, con el objetivo de agilizar los trámites de reclamos judiciales y extrajudiciales vinculados a indemnizaciones del Estado provincial. Las modificaciones fueron establecidas mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley N° 9234, que regula los procedimientos transaccionales.
La Comisión Valuadora General es el organismo encargado de realizar las valuaciones oficiales de bienes y derechos para el Estado provincial, especialmente en casos de expropiaciones o compensaciones económicas. Está conformada por tres salas: la primera se ocupa de los bienes inmuebles, la segunda de derechos no inmobiliarios y la tercera atiende los casos de interés público.
Cambios para mejorar la operatividad
El decreto apunta a resolver un problema que afectaba a la Sala Tercera, donde la falta de personal en la Dirección General de Presupuesto —responsable de designar al representante del Ministerio de Hacienda y Finanzas— había generado vacantes y alta rotación de funcionarios, dificultando el normal funcionamiento del área.
Para garantizar la continuidad de las tareas, el Ejecutivo dispuso dos medidas principales:
Ampliación de los posibles representantes: ahora cualquier agente o funcionario que cumpla funciones dentro del Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá integrar la Sala, sin limitarse exclusivamente al personal de la Dirección General de Presupuesto.
Reducción del quórum: la Sala Tercera podrá sesionar con dos de sus miembros, sin necesidad de la presencia del presidente de la Comisión o su suplente, lo que permitirá mantener el ritmo de trabajo y evitar demoras en la resolución de expedientes.
Un paso hacia la eficiencia administrativa
Con esta decisión, el Gobierno provincial busca desburocratizar el funcionamiento de la Comisión y asegurar la celeridad en los procesos de conciliación, evitando que la ausencia de un integrante paralice la tramitación de los reclamos.
Desde el Ejecutivo destacaron que la reforma permitirá optimizar los tiempos de respuesta del Estado y fortalecer la eficiencia administrativa en la gestión de indemnizaciones, manteniendo la continuidad de un mecanismo que —según los considerandos del decreto— ha mostrado “excelentes resultados” desde su implementación.
