POLÍTICA INTERNACIONAL
El retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos trajo consigo una serie de beneficios y alivios legales para empresarios y corporaciones que aportaron cuantiosas sumas a sus causas políticas. Según un análisis del Financial Times (FT), al menos 30 personas o compañías que donaron en conjunto más de 116 millones de dólares a grupos vinculados al mandatario habrían recibido ventajas o decisiones favorables del Gobierno.
Entre los beneficiados figuran magnates de las criptomonedas, compañías tecnológicas, aseguradoras, tabacaleras y fabricantes de productos médicos. Las acciones incluyen indultos, alivios regulatorios y cierres de investigaciones por parte de organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia.
Aunque no existen pruebas de conductas ilegales o sobornos, el patrón de donaciones y medidas favorables plantea interrogantes sobre una posible cultura de quid pro quo dentro de la administración. De acuerdo con expertos en ética y organismos de control, el volumen y la frecuencia de estos casos no tienen precedentes en la historia reciente de la política estadounidense.
Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado un marco más flexible para el sector de las criptomonedas, designando a Paul Atkins al frente de la SEC y limitando la intervención penal en los activos digitales. Compañías como Gemini, Coinbase y Crypto.com habrían visto cerradas o retiradas demandas poco después de realizar importantes donaciones a su Super PAC Maga Inc.
La influencia de los donantes también se extendió a otros sectores. La industria tabacalera logró frenar la prohibición de cigarrillos mentolados tras aportar millones de dólares, mientras que aseguradoras y fabricantes de vendajes de tejido humano obtuvieron ajustes regulatorios favorables luego de sus contribuciones.
Por otra parte, el fondo de investidura de Trump recaudó un récord de 240 millones de dólares, superando ampliamente a su antecesor. Más del 80% de las donaciones se efectuaron tras su reelección, a pesar de que el mandatario tiene prohibido constitucionalmente volver a postularse.
La Casa Blanca negó cualquier trato preferencial. “Las decisiones del presidente se basan únicamente en lo que es mejor para el pueblo estadounidense”, afirmó la portavoz Abigail Jackson. Sin embargo, para especialistas en ética gubernamental, la acumulación de favores políticos y financieros refleja un escenario de conflictos de interés sin precedentes en la política de los Estados Unidos.
