Un informe oficial reveló que 42.034 empleados de la administración pública argentina dejaron sus cargos en los últimos 14 meses. Según datos de febrero, el Ministerio de Desregulación estima que esta reducción de personal implica un ahorro anual de US$ 1.650 millones.
El ministro Federico Sturzenegger destacó el dato en redes sociales, subrayando que la disminución del gasto público contribuye a una menor carga impositiva para los ciudadanos. Enmarcó la medida dentro de una política de superávit fiscal que impulsa el gobierno.

El informe desglosa las cesantías: 24.244 en la administración central y descentralizada, 13.711 en empresas estatales, y 4.079 entre militares y fuerzas de seguridad. Solo en febrero, 1.544 trabajadores dejaron sus puestos.
La fuerte reducción de personal abre un debate en torno a sus efectos en la eficiencia del Estado y la situación laboral de los afectados. Mientras el Gobierno la defiende como una medida clave para el ajuste fiscal, distintos sectores alertan sobre las consecuencias en la calidad de los servicios públicos.



