Gestión de residuos urbanos
El gobernador Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley destinado a regular la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Mendoza, con el objetivo de erradicar los basurales a cielo abierto y ordenar el tratamiento de desechos tanto particulares como industriales en toda la provincia.
La iniciativa, que incluye a los 18 municipios mendocinos, propone un sistema provincial unificado para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, bajo criterios sociales, ambientales y económicos. Además, establece sanciones severas para quienes infrinjan la norma, con multas que pueden alcanzar hasta los 420 millones de pesos.
El proyecto prevé la creación de un fondo especial para la adquisición de equipamiento, construcción de infraestructura y apoyo financiero a municipios en materia de residuos. Además, se busca formalizar y capacitar a los recuperadores urbanos, promoviendo su inclusión social y laboral dentro de un sistema de economía circular.
Entre las medidas centrales figura la prohibición de descargar o quemar residuos a cielo abierto, la generación de nuevos basurales y el vuelco ilegal de desechos en cauces naturales. Los municipios deberán relevar y elaborar planes para cerrar y remediar los basurales existentes, siguiendo lineamientos provinciales.
El plan también autoriza a los municipios a conformar consorcios o agencias de gestión para coordinar acciones conjuntas con el Gobierno provincial en pos de una gestión eficiente y sostenible.
Cabe recordar que durante su primera gestión, Cornejo intentó financiar la construcción de una planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) a través de un préstamo de 25 millones de dólares, pero la iniciativa fue bloqueada en la Legislatura.
Actualmente, Mendoza cuenta con cuatro macro basurales, entre ellos el de Puente de Hierro, cuyo cierre y remediación fueron recientemente anunciados. El Borbollón, en Las Heras, funciona hoy como vertedero controlado, con monitoreo de residuos y seguridad.
Las sanciones previstas en el proyecto incluyen multas desde 420 mil hasta 420 millones de pesos, suspensión de actividades, clausura de instalaciones y confiscación de maquinarias. Estas serán aplicadas de acuerdo con la gravedad y reiteración de las faltas, además de contemplar resarcimientos para la reparación ambiental.
Con esta nueva ley, el Gobierno provincial apunta a una gestión responsable, sostenible y socialmente inclusiva de los residuos, buscando transformar el problema de los basurales en una oportunidad para generar empleo, economía circular y desarrollo ambiental.
