ATENCIÓN
El gobierno de Javier Milei presentó una serie de cambios significativos en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), con el objetivo de hacer más eficiente este proceso y reducir los costos asociados para los conductores. Estos cambios, que comenzarán a implementarse en 2025, modificarán los plazos y las condiciones para la realización de la inspección de vehículos en todo el país.
Plazos más flexibles para vehículos nuevos y comerciales
En el marco de las nuevas normativas, uno de los cambios más destacados es la modificación en los plazos para la realización de la RTO, especialmente para los vehículos más nuevos:
- Vehículos 0 km: En lugar de exigir la primera RTO a los tres años, se ampliará el plazo a los cinco años desde la fecha de patentamiento para los vehículos particulares. Para los vehículos comerciales, este plazo se reduce a dos años desde su patentamiento.
- Vehículos con más de 10 años de antigüedad: La RTO será obligatoria cada dos años para estos vehículos particulares, una medida que busca facilitar la renovación de los trámites sin perder de vista la seguridad vial.
- Este cambio se enmarca en un plan más amplio para ajustar la normativa de tránsito a las nuevas realidades de los vehículos en circulación y aliviar la carga económica para los propietarios de autos y motos.
Impacto en los costos de la RTO
Si bien la RTO sigue siendo obligatoria, el gobierno también ha analizado su impacto económico. A pesar de los nuevos plazos, la RTO continuará teniendo costos variables según la provincia y el tipo de vehículo. En Mendoza, los precios de la RTO serán los siguientes:
- Motos hasta 300 cc: $11.688 (23 UF + IVA).
- Motos de más de 300 cc: $21.344 (42 UF + IVA).
- Autos: $31.000 (61 UF + IVA).
- Camionetas: $34.049 (67 UF + IVA).
- Camiones: $42.180 (83 UF + IVA).
Estos costos se aplicarán a partir de 2025, y variarán en función de la unidad fiscal (UF), cuyo valor está sujeto a ajustes anuales.
Objetivos de los cambios en la RTO
Según el anuncio del gobierno, estos ajustes buscan optimizar el proceso de inspección, mejorar la seguridad vial y reducir la burocracia para los conductores. Además, la modificación de los plazos también tiene un enfoque ambiental, ya que permitirá que los vehículos más nuevos, que generalmente cumplen con mejores estándares de emisión, no deban someterse a revisiones tan frecuentes, reduciendo así los costos para los propietarios.
