Un nuevo revés judicial para Argentina se produjo en el juicio por la expropiación de YPF. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó la solicitud de una ONG que buscaba anular el fallo que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera.
La fundación Acción Republicana por Argentina había presentado un pedido para dejar efecto sin la condena que, en 2023, había impuesto Preska al Estado argentino, tras la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de expropiar en 2012 el 51% de las acciones de YPF de la empresa española Repsol, sin ofrecer previamente la compra de acciones a otros accionistas minoritarios. La ONG también solicitó investigar a los involucrados en el proceso de nacionalización.

Sin embargo, la jueza demostró que la solicitud llegó fuera de plazo, ya que no se había respetado el límite de un año para presentar la apelación. Este fallo significa que, por el momento, Argentina sigue obligada a pagar la compensación millonaria a las firmas Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de dos sociedades españolas, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que se habían quebrado.
El juicio comenzó en 2015, cuando Burford y Eton Park demandaron al Estado argentino, argumentando que el país debía haber lanzado una oferta pública de adquisición para comprar el resto de las acciones de YPF que no pertenecían a Repsol. Las sociedades españolas, antiguamente pertenecientes al grupo argentino Petersen (de la familia Eskenazi), no tomaron parte en el juicio en Nueva York, pero Burford y Eton Park continuaron con el litigio, que resultó en la condena de 16.100 millones de dólares en 2023.

Ahora, la Argentina deberá esperar el resultado de la apelación presentada ante el Tribunal de Circuito de Estados Unidos, en busca de revertir la condena y evitar la compensación millonaria.



