El PAMI expuso una serie de fraudes en el sistema de órdenes médicas electrónicas, donde aparecieron prácticas facturadas sin realizar, identidades manipuladas y recetas emitidas de manera ilegal. La investigación incluyó a médicos, farmacias y centros de salud que habrían usado datos de afiliados para obtener pagos indebidos.
Según el organismo, se identificaron casos de simulación de consultas, órdenes inexistentes cargadas desde perfiles profesionales y recetas electrónicas falsas dispensadas por terceros. El patrón común fue el abuso del sistema OME, lo que derivó en denuncias por estafa y falsificación de documentos.

En paralelo, avanzan seis causas penales impulsadas por PAMI y la UFI del organismo, radicadas en distintas jurisdicciones del país. Algunas firmas, incluso después de advertencias formales, mantuvieron un esquema de fraude sostenido.
Frente a este escenario, la gestión actual resolvió endurecer los controles, incorporando trazabilidad digital, validación de identidad y un monitoreo constante de los umbrales prestacionales. Las nuevas medidas ya rigen y contemplan sanciones administrativas y penales según el nivel de desvío.
El Instituto remarcó que el objetivo es proteger los recursos de los jubilados y garantizar que cada prestación corresponda a una atención real. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia”, señalaron desde PAMI, al asegurar que buscan un sistema más transparente y eficiente.



