El Valle de Uco volvió a convertirse en epicentro de resistencia social. Cientos de vecinos de San Carlos se manifestaron con un cacerolazo a la vera de la ruta 40, frente a la Terminal de Eugenio Bustos, para repudiar la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto minero San Jorge. El lugar no fue elegido al azar: desde ese mismo punto partió la histórica caminata de diciembre de 2019 que derivó en la defensa masiva de la Ley 7722.
En medio de ese clima, el intendente Alejandro Morillas (LUM) decidió salir a respaldar públicamente a los manifestantes. A través de sus redes sociales, afirmó: “En nombre del mandato que nos dio nuestro pueblo, reafirmo con el corazón lo que esta comunidad siempre sostuvo: defendemos la 7722. Sin licencia social no hay minería”.
El gesto, sin embargo, expone una tensión política evidente. Morillas llegó a la intendencia de la mano de Jorge Difonso, referente histórico en defensa del agua, pero en octubre se alineó con Alfredo Cornejo al ser el primer jefe comunal no radical en unificar las elecciones municipales con las provinciales. Luego formalizó su pase al Frente Cambia Mendoza.
Presión social y un equilibrio frágil
El posicionamiento del intendente responde a la fuerte presión social que domina en el Valle de Uco, un territorio donde la licencia social para la minería es prácticamente inexistente. Mientras Cornejo impulsa San Jorge desde el oficialismo, Morillas quedó atrapado entre su alianza política y una comunidad que históricamente rechaza la megaminería.
“San Carlos siempre levantó esta bandera”, escribió Morillas. Su mensaje deja en claro que intenta evitar quedar aislado en su propio municipio, donde la memoria del levantamiento de 2019 —el llamado “parientazo”— sigue muy presente.

La memoria del 2019 vuelve a escena
La protesta de este jueves reavivó ese recuerdo. “Más o menos así empezó todo en 2019. Mendoza está despierta”, dijeron algunos manifestantes, en alusión a la masiva movilización que frenó la reforma de la Ley 7722 durante el gobierno de Rodolfo Suarez. Ahora, los vecinos ya advirtieron a los senadores que volverán a las calles si avanza la aprobación de San Jorge, prevista para el 9 de diciembre.
Lo que se define en el Senado
Tras la media sanción en Diputados, el Senado provincial tratará no solo el proyecto San Jorge, sino también otras iniciativas extractivas:
- la ampliación de Malargüe como distrito minero,
- la creación de un fondo compensador para desastres ambientales,
- y una nueva Ley de Regalías que habilita al Ejecutivo a reducir aportes de las empresas en boca de mina.
