MEDIDAS
El Gobierno nacional oficializó su plan para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y el tratamiento de desagües en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que el proceso se llevará a cabo mediante un modelo mixto, que incluirá licitaciones públicas, una oferta de acciones y una reestructuración del esquema tarifario y de financiamiento.
El proyecto se enmarca en la política de desestatización impulsada por la administración de Javier Milei, que sostiene que la empresa, reestatizada en 2006, ha demandado más de US$13.400 millones del Tesoro Nacional hasta 2023, y que su traspaso al sector privado permitirá mejorar el servicio y reducir el gasto público.
Cuatro ejes para la privatización
Según un informe, el proceso de privatización de AySA se apoyará en cuatro pilares fundamentales:
1. Venta de acciones
El Estado nacional venderá el 100% del paquete accionario que posee (actualmente el 90%). El 10% restante, en manos de los empleados, se mantendrá sin cambios. En una primera etapa, el objetivo es transferir al menos el 51% de las acciones a inversores privados, quienes asumirán el control operativo de la compañía. El proceso incluirá la creación de un marco regulatorio que garantice la continuidad y calidad del servicio.
2. Licitación y oferta pública
El Gobierno abrirá una licitación pública nacional e internacional para sumar un operador estratégico. Esta etapa se extenderá por unos 330 días. Luego, en una segunda fase, se lanzará una Oferta Pública Inicial (OPI) para permitir el ingreso de más inversores. Esta instancia tomará unos 90 días adicionales, y se estima que el traspaso definitivo podría concretarse recién en 2026. Todo el proceso estará regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
3. Actualización de tarifas y cortes del servicio
Uno de los aspectos más sensibles del plan es la actualización de tarifas y la posibilidad de cortes del suministro. Aunque el servicio es considerado “esencial”, la legislación vigente permite a AySA suspender el servicio a quienes acumulen deudas, previa notificación.
Además, el contrato de concesión incluirá un mecanismo de ajuste tarifario, que en principio sería trimestral, según lo adelantado por el Gobierno.
4. Financiamiento de obras
El nuevo esquema propone que el concesionario privado financie las obras de infraestructura a través del cobro mensual en las facturas de los usuarios. El modelo apunta a que las provincias, municipios o incluso los propios vecinos puedan afrontar las obras necesarias en sus zonas. Así, el Estado nacional dejaría de destinar fondos para ampliaciones o mejoras del servicio.
Sin cifras oficiales sobre cuánto espera recaudar el Estado con la privatización, el Ejecutivo ya reconoce que hay interés de inversores locales y regionales. Con más de 11 millones de personas abastecidas con agua potable y 9 millones con servicios de saneamiento, AySA es una de las principales prestadoras del país y su privatización marca uno de los hitos más ambiciosos del plan de desregulación económica del Gobierno.
