Tras la aprobación en la Cámara de Senadores, la reforma impulsada por el presidente Javier Milei quedó a un paso de entrar en vigencia. Si se cumplen los plazos constitucionales, los cambios comenzarán a aplicarse durante marzo y modificarán aspectos centrales de las relaciones laborales en todo el país.
Uno de los ejes principales es la modificación del cálculo indemnizatorio. La nueva norma excluye conceptos como aguinaldo, vacaciones no gozadas, premios y propinas para determinar el monto por despido. Además, fija un tope equivalente a tres veces el salario promedio del convenio colectivo y establece un piso del 67% de la remuneración habitual.

El texto también habilita el pago de indemnizaciones en cuotas, crea los Fondos de Asistencia Laboral financiados con aportes patronales y establece que las actualizaciones judiciales solo podrán ajustarse por inflación más un 3% anual. En materia salarial, introduce la figura del salario dinámico, que podrá vincular parte de la remuneración a la productividad.
En cuanto a la jornada laboral, la ley permite extenderla hasta 12 horas mediante acuerdos voluntarios y respeta un descanso mínimo de 12 horas entre turnos. También flexibiliza la contratación a tiempo parcial y prioriza acuerdos por empresa o región por sobre convenios de rama.
En el plano sindical, se fijan límites al derecho de huelga en servicios esenciales y actividades consideradas trascendentales, donde deberá garantizarse un nivel mínimo de prestación. Además, la norma deroga los estatutos del periodista, del viajante de comercio y del peluquero, eliminando regímenes especiales vigentes desde mediados del siglo pasado.
Mientras sectores empresariales celebraron los cambios, centrales sindicales anticiparon acciones judiciales para cuestionar aspectos de la reforma, especialmente en lo vinculado a su posible aplicación retroactiva. La discusión, ahora, podría trasladarse a los tribunales.



