En medio de un tenso clima para la justicia de Mendoza, el departamento de Rivadavia también tiene su mirada puesta sobre la cuestionada independencia de la Suprema Corte. Sucede que desde hace dos años el intendente Ricardo Mansur ha solicitado se declare inconstitucional la modificación a la Ley 9550 en lo relacionado con la coparticipación por sostener, según el mandatario, una marcada discriminación hacia el departamento de Rivadavia en la distribución de fondos por parte del Gobierno provincial. Hace pocos días, durante el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Rivadavia, Mansur brindó una detallada exposición en la que explicó, con gráficos y datos técnicos, los perjuicios que le ha ocasionado al departamento la quita de montos que legalmente le corresponderían. Luego de más 700 días el máximo tribunal de mendoza aún no ha dado su veredicto sobre el tema.
Desde gobierno municipal esperan que se declare inconstitucional la modificación de la Ley 9550 realizada en 2024, en la que se siguió considerando a Rivadavia uno de los departamentos más ricos de la provincia y por ende le fue ejecutada una quita en términos reales de unos 13 mil millones de pesos, según el informe presentado públicamente.

La instancia se da por un lado en el marco del reciente cierre del área de maternidad del hospital Saporiti de ese departamento, por parte del Ministerio de Salud de la Provincia, evidenciando las tensiones entre la provincia y el municipio, y por otro lado en medio de las fuertes críticas sobre la Suprema Corte y una supuesta dependencia del Poder Ejecutivo.
En el departamento del este no obstante, mantienen sus expectativas y esperan que la Suprema Corte emita un pronto fallo definitivo que permita que se reintegre a Rivadavia los 13000 millones que se le vienen descontando.
