REGIMEN MIGRATORIO
El vocero Manuel Adorni anunció este martes importantes modificaciones en el régimen migratorio de Argentina, con el objetivo de "avanzar hacia un país ordenado, cuidar las fronteras y priorizar a los ciudadanos". Entre las principales medidas, se habilitará el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros en universidades nacionales y se revisará la gratuidad de la atención médica para extranjeros no residentes.
Cambios en las universidades: aranceles para estudiantes extranjeros
Adorni destacó que las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes como una nueva fuente de financiamiento para las casas de estudio. Según detalló, “actualmente, uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero”, lo que genera una fuerte presión sobre el sistema educativo público.
Fin de la gratuidad en la atención médica para extranjeros
Otra medida clave será la implementación de un esquema tarifado para la atención médica de extranjeros. Adorni explicó que las autoridades nacionales, provinciales y municipales establecerán las condiciones para este acceso, incluyendo el cobro de tarifas.
“Desde que esta medida se aplicó en la provincia de Salta, la atención a extranjeros cayó un 95%, lo que significó un ahorro de más de 60 millones de pesos. Este ahorro permitió mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos residentes, eliminando los denominados 'tours sanitarios'”, sostuvo el vocero.
Expulsión de extranjeros que cometan delitos
La reforma también incluirá sanciones más severas para extranjeros que violen la ley en el país. “Si una persona es sorprendida cometiendo un delito o actuando contra el sistema democrático, será expulsada y se le prohibirá el reingreso a Argentina. Además, habrá penas de prisión para quienes intenten violar esta prohibición”, afirmó Adorni.
Con estas medidas, el gobierno busca "ordenar" el sistema y reducir costos asociados a la educación y la salud pública. Las disposiciones ya generan debate entre sectores que apoyan el plan por su impacto fiscal y quienes lo critican por considerar que afecta derechos fundamentales.
