CASO INÉDITO
Un jubilado mendocino presentó una demanda judicial por más de 152 millones de pesos contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el Covid-19.
El caso, que podría sentar precedente, se enfrenta a un escollo legal: la Ley 27.573, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil.
La normativa, promulgada en octubre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, habilitó al Gobierno a firmar contratos confidenciales con laboratorios internacionales, incluyendo cláusulas que impiden demandas directas por efectos secundarios. En su lugar, los damnificados deben acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados.
El reclamo del demandante
- Daño físico y moral
- Gastos médicos (daño emergente)
- Incapacidad permanente
- Pérdida de oportunidades laborales y recreativas
- Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca
Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, el jubilado pudo financiar los peritajes exigidos por la ley, que coloca toda la carga probatoria sobre la víctima.
Además del reclamo económico, el caso busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral en situaciones vinculadas a campañas de vacunación masiva.
La presentación judicial ingresó el pasado 4 de febrero en el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Quirós, y fue ratificada por la fiscal federal María Alejandra Obregón, quien avaló la competencia del magistrado.
Aunque existen acciones similares en otros puntos del país, como Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza no se había registrado hasta ahora una acción de estas características en el fuero federal.
Un caso similar en España
En paralelo, casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca, marcando un hito en la jurisprudencia europea. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como el síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.
El laboratorio, por su parte, reconoció públicamente la existencia de efectos secundarios raros como la trombocitopenia trombótica inmune, aunque sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.
La causa del jubilado mendocino podría convertirse en un caso testigo, no solo por el monto reclamado, sino por el intento de abrir una vía judicial directa contra una farmacéutica amparada por legislación especial.
