Alessa Molina, una niña de tres años con parálisis cerebral y epilepsia refractaria, enfrenta una situación crítica debido a la falta de cobertura de su obra social, UTHGRA, que no ha entregado los medicamentos esenciales para su tratamiento desde noviembre. Su madre, Valeria Díaz, ha intentado múltiples veces obtener la Rufinamida, un medicamento antiepiléptico crucial para evitar crisis convulsivas que ponen en riesgo su vida. Sin embargo, los reiterados pedidos han sido ignorados.

La realidad de Alessa es desesperante. Para poder seguir viviendo, necesita una serie de elementos médicos fundamentales que su obra social y el gobierno aún no han provisto. Entre ellos, la Rufinamida, su principal medicamento anticonvulsivo, una silla de ruedas adaptada a su condición, un bipedestador para mejorar su movilidad, y un acompañante terapéutico para asistirla no solo en consultas médicas, sino también en actividades recreativas esenciales para su desarrollo. Además, requiere de un suministro constante de insumos médicos como aspiradores de secreciones y el V-PAP, un dispositivo que le permite respirar adecuadamente por las noches.

Alessa cayó internada en enero por un estatus convulsivo que la mantuvo 11 días en el hospital. Su condición la hace extremadamente vulnerable y cualquier demora en la entrega de sus medicamentos y equipamientos puede ser fatal. “Estoy con mucho miedo porque en cualquier momento puede volver a sufrir un estatus convulsivo y caer al hospital”, expresó Valeria, quien lucha incansablemente para que su hija reciba la atención que le corresponde.

La familia ha recurrido a vías legales, pero los trámites se han dilatado sin obtener respuestas concretas. Este caso pone en evidencia una grave falencia en el sistema de salud, donde las demoras y negligencias pueden tener consecuencias irreversibles. La vida de Alesa está en peligro y necesita acción inmediata.

La angustia de una madre que lucha a contrarreloj por la vida de su hija expone la indiferencia del sistema. Mientras ella suplica por respuestas, la burocracia sigue negando lo que por derecho corresponde. Es urgente que las autoridades y UTHGRA actúen y garanticen la medicación, los insumos y el tratamiento que se necesitan. No puede ser que la salud de una niña dependa de trámites y dilaciones. Detrás de cada expediente hay una familia desesperada, y una sociedad que debería preguntarse hasta cuándo vamos a mirar para otro lado.

