REACTIVACIÓN ECONÓMICA
A más de un mes de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el Ejecutivo avanzó con la publicación del decreto reglamentario, que define cómo podrán utilizarse los llamados dólares del colchón y cuáles serán los beneficios para quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La medida forma parte de la estrategia oficial para impulsar la actividad económica en la actual fase del programa económico.
La reglamentación establece que los dólares deberán estar bancarizados para poder ser utilizados. En la práctica, los contribuyentes podrán depositarlos en una cuenta bancaria o transferirlos directamente a terceros, siempre dentro del sistema financiero. Desde el Gobierno remarcan que este esquema cumple con las recomendaciones internacionales de trazabilidad del dinero y permite al Estado realizar controles vinculados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fue el propio Luis Caputo quien sostuvo que la ley representa un “atajo enorme” para acelerar la recuperación económica. Según datos oficiales, habría USD 170 mil millones fuera del sistema, frente a USD 67 mil millones depositados en el sector privado. Para el ministro, incluso una incorporación parcial de esos fondos al circuito financiero tendría un impacto decisivo sobre la economía.
En cuanto al Régimen Simplificado de Ganancias, el decreto precisó los requisitos para adherir: ingresos anuales inferiores a $1.000 millones, patrimonio menor a $10.000 millones y no estar categorizado como gran contribuyente. Además, aclaró que solo se computan los ingresos propios, lo que aporta mayor certeza operativa. Entre los beneficios se incluyen la presunción de exactitud de las declaraciones y el efecto liberatorio del pago.
Para los monotributistas, la adhesión al RSG será clave si deciden exteriorizar dólares. De no hacerlo, quedarán expuestos a fiscalizaciones. En el organismo recaudador confían en que la mayoría optará por el régimen simplificado y anticipan nuevas normativas complementarias en los próximos días.
Por último, el decreto también introdujo cambios en los umbrales de punibilidad por evasión, que pasaron de $1,5 millones a $100 millones, y estableció criterios más flexibles para la aplicación de multas automáticas, especialmente para pymes, que contarán con plazos adicionales antes de eventuales sanciones.
