El Gobierno aceleró el proyecto “Inocencia Fiscal”, para incentivar los dólares bajo el colchón
El Gobierno impulsará en las sesiones extraordinarias que comenzarán la próxima semana el tratamiento del proyecto de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa que busca dar certeza y protección a quienes decidan blanquear dinero no declarado e incorporarlo a la economía real.
La propuesta legislativa, enviada a la Cámara de Diputados en junio, había quedado sin tratamiento, pero ahora, con la nueva conformación del cuerpo, el oficialismo pretende avanzar con rapidez. Según indicaron fuentes parlamentarias, el objetivo es que el proyecto se apruebe cuanto antes para incentivar el uso del dinero “guardado en el colchón” y no registrado frente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Si bien la prioridad del oficialismo es aprobar el Presupuesto 2026, La Libertad Avanza incluirá también el debate sobre este proyecto considerado estratégico para habilitar el uso de fondos no declarados sin persecuciones fiscales.
El tratamiento legislativo se concentrará entre jueves y viernes en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, las únicas que se conformarán en esta primera etapa de extraordinarias. Voceros del oficialismo señalaron que, gracias a la nueva composición parlamentaria, el Gobierno contará con mayoría asegurada en ambos cuerpos para firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto el martes 16, junto con la ley de gastos y recursos.
Las comisiones mantendrán su conducción actual: Alberto “Bertie” Benegas Lynch seguirá al frente de Presupuesto, mientras que Laura Rodríguez Machado—ex PRO y recientemente incorporada al espacio libertario—continuará presidiendo Legislación Penal.
Cómo es el proyecto
La iniciativa introduce un cambio profundo en el criterio persecutorio de ARCA. No se recurrirá a la Justicia ante inconsistencias en la declaración jurada siempre que el contribuyente pague la deuda correspondiente. Además, permitirá ampliar el patrimonio sin la obligación de justificar su origen y elevará los montos para configurar el delito de evasión.
El proyecto eleva de $1.500.000 a $100.000.000 el piso a partir del cual el Estado puede investigar una posible evasión simple. En tanto, para que una conducta sea considerada “evasión agravada”, el mínimo sube de $15 millones a $1.000 millones.
También se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. Según la iniciativa, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela sus deudas e intereses, aunque el beneficio se aplicará una sola vez por persona. Si la denuncia aún no estuviera radicada, quedará extinguida si se saldan las obligaciones con un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación.
Donde sí habrá sanciones más duras es en la falta de presentación de declaraciones juradas en término: las multas actuales se considerarán insuficientes y se elevarán a un rango de $250.000 a $400.000.
Régimen simplificado de Ganancias
Uno de los ejes centrales es la creación de un Régimen simplificado de Ganancias, que según el Gobierno dejará a los contribuyentes “blindados para siempre”. Podrán adherir personas con un patrimonio de hasta $10.000 millones, quienes quedarán exentos de informar variaciones patrimoniales y de ser controlados por sus consumos.
Bajo este esquema, ARCA cobrará el Impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados, sin considerar crecimientos patrimoniales no declarados. Además, se podrán deducir los consumos informados del total imponible. El artículo 39 establece el efecto liberatorio del pago, siempre que la declaración jurada aceptada por ARCA sea abonada en término y no se omitan ingresos.
Los detalles
El proyecto también propone unificar los plazos de prescripción tributaria en el ámbito provincial, municipal y de CABA, que pasarán a regirse por la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal, eliminando las autonomías normativas locales en esta materia.
En paralelo, se reduce de 10 a 5 años el plazo de prescripción en obligaciones vinculadas a seguridad social y obras sociales, acortando a la mitad el tiempo en que el fisco puede reclamar deudas no cumplidas.