CAMBIOS FISCALES
El Gobierno volvió a colocar en agenda la reforma del Procedimiento Tributario y del Régimen Penal Tributario, una iniciativa que apunta a aliviar la carga fiscal del sector formal y a concentrar la acción penal solo en casos de relevancia económica. La propuesta había quedado detenida en el Congreso, luego de que Diputados impulsara un texto alternativo más acotado.
La iniciativa oficial prevé elevar de manera drástica los montos mínimos para configurar delitos, actualizar multas e introducir mecanismos como la conocida “bala de plata”, que permite evitar la denuncia penal si la deuda e intereses se cancelan antes de que avance una causa. Para causas ya iniciadas, se habilita extinguir la acción penal pagando la totalidad del impuesto más un recargo del 50%.
Otro punto central es la reducción y unificación de los plazos de prescripción, buscando mayor certeza jurídica. Los contribuyentes cumplidores podrían acceder a plazos más breves, mientras que se fijan criterios claros para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” que habilita la intervención del fisco.
El proyecto también propone armonizar el plazo de prescripción para tributos locales en todo el país, modificando el Código Civil y Comercial. Además, incorpora reglas específicas para deudas de previsión social, con límites actualizados y criterios uniformes respecto de la evasión simple y agravada.
La reforma, que incluye la propuesta de un Impuesto a las Ganancias Simplificado, podría ser incorporada en las sesiones extraordinarias junto al paquete de cambios tributarios que el oficialismo quiere aprobar para avanzar hacia un esquema más simple, previsible y con menor litigiosidad.
