REFORMA
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar el Régimen de Inocencia Fiscal, con el objetivo de incentivar el ingreso de fondos no declarados al circuito formal de la economía. La iniciativa incorpora cambios en los requisitos de adhesión, las reglas de fiscalización y los mecanismos de protección para los contribuyentes, luego de que la versión original registrara una adhesión inferior a la esperada.
Uno de los principales cambios elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen. De esta manera, todas las personas humanas y las sucesiones indivisas podrán adherir, mientras que los grandes contribuyentes tendrán un esquema simplificado para regularizar su situación, aunque sin acceder a todos los beneficios previstos para el régimen general.
La reforma también redefine el concepto de "discrepancia significativa" que puede detectar ARCA. El organismo solo podrá cuestionar una declaración cuando la diferencia implique un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos el 15%, y además supere un umbral económico mínimo. Asimismo, el proyecto traslada la carga de la prueba al organismo recaudador, que deberá fundamentar sus observaciones con información objetiva y no mediante presunciones.
Otro de los puntos destacados es la incorporación de un mecanismo que permitirá al contribuyente rectificar su declaración y regularizar diferencias dentro de un plazo de 15 días hábiles sin perder los beneficios del régimen. Además, si un reclamo de ARCA es posteriormente rechazado, el Estado deberá reintegrar los montos abonados con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles.
La iniciativa fija además el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para exteriorizar fondos no declarados e incorpora el denominado "tapón fiscal", que impide a ARCA utilizar las variaciones patrimoniales previas para cuestionar el origen del dinero regularizado, siempre que se respeten las condiciones del régimen. También aclara que los pagos en efectivo realizados en operaciones inmobiliarias documentadas mediante escritura pública serán compatibles con los beneficios de la norma, un cambio impulsado tras los reclamos del sector.
