NO AFLOJA
La presión impositiva del gobierno nacional en Argentina subió 2,46 puntos porcentuales entre 2004 y 2024, según un informe del Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral. El estudio muestra que, aunque en las últimas dos décadas se dictaron numerosas normas fiscales para atenuar la carga, el impacto fue limitado.
De acuerdo con el CET, salvo durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, la mayoría de las disposiciones buscaron aliviar la presión tributaria, pero se trató de ajustes accesorios en un esquema que mantiene niveles elevados de recaudación sobre el PBI.
En 2004, la presión tributaria era de 20,26%, mientras que en 2024 alcanzó el 22,68%. La reducción aplicada desde 2016 apenas recortó un 3,1%, sin modificar la situación estructural.
El reporte, elaborado por los economistas Diego Rivas y Lucio Cardinale-Lagomarsino, detalla que los últimos nueve años registraron el mayor volumen de emisión normativa, con un pico en 2020 durante la pandemia de COVID-19. En promedio se aprobaron 54 normas por año, aunque los gobiernos de Mauricio Macri (78), Alberto Fernández (86) y Javier Milei (64 en su primer año) superaron ampliamente esa cifra.
“La proliferación de normativa refleja un sistema tributario con marchas y contramarchas. Muchas medidas buscan reducir la carga, pero no alteran la complejidad estructural ni la elevada presión impositiva que caracteriza a la Argentina”, explicó Rivas.
El Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes a la Seguridad Social fueron los tributos más alcanzados por estas modificaciones, con un claro predominio de Ganancias en la última década.
Otro aspecto que resalta el informe es el cambio en los actores normativos. Entre 2003 y 2009 predominó el Poder Legislativo, pero desde 2010 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pasó a tener un rol central, junto con ARCA, el organismo que emite la mayoría de las resoluciones.
“El mayor protagonismo del Poder Ejecutivo en materia tributaria es un dato relevante: mientras las leyes pierden peso, los decretos del PEN y las resoluciones de ARCA ganan protagonismo. Esto plantea interrogantes sobre la calidad institucional y el principio de legalidad tributaria”, advirtió Cardinale-Lagomarsino.
