LITIGIO
En un giro trascendental en el juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, presentó formalmente un escrito de apoyo a la Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Lo hizo en calidad de amicus curiae, una figura jurídica que permite a terceros aportar argumentos relevantes en causas de interés público.
El Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó expresamente a la Corte que suspenda la orden de transferencia del 51% de las acciones de YPF, dictada por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio, hasta tanto se resuelva la apelación presentada por el Estado argentino.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo que lidera la defensa legal del país, destacaron que se trata de un respaldo institucional de alto peso político y jurídico, especialmente por provenir del principal aliado del tribunal que debe resolver la causa. No es la primera vez que EE.UU. se pronuncia en este litigio: en noviembre de 2024, el mismo departamento ya había presentado una declaración en defensa de la posición argentina.
Este nuevo respaldo cobra aún mayor relevancia si se recuerda que en 2019, en un contexto similar durante las presidencias de Mauricio Macri y el propio Donald Trump, el gobierno norteamericano se había pronunciado en contra de la Argentina ante un pedido de la Corte Suprema de EE.UU. sobre la inmunidad de jurisdicción. El actual giro en la postura estadounidense marca un cambio significativo en el escenario judicial.
Además de EE.UU., otros cuatro países —Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador— ya se habían presentado también en respaldo de Argentina, consolidando una red de apoyo internacional.
Por otro lado, en las últimas horas, los beneficiarios del fallo que condena a Argentina al pago de 16.100 millones de dólares comunicaron que no desean quedarse con las acciones de YPF, incluso si el país pierde la apelación. Así lo informó el analista financiero Sebastián Maril, quien explicó que los demandantes dejaron claro que no tienen interés en administrar una petrolera, pero sí reclaman que Argentina deposite una garantía como condición para apelar.
Este inesperado planteo, según Maril, abre una vía alternativa no contemplada hasta ahora, y podría modificar el rumbo del litigio. Mientras tanto, el Gobierno argentino ya anticipó que, si es necesario, llevará la causa hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
