CRISIS SALARIAL Y PRESUPUESTARIA
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) inició el ciclo lectivo 2026 en medio de una profunda crisis, con más de mil docentes que dejaron de dar clases debido a los bajos salarios y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.
La situación fue confirmada por Daniela Díaz, presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), quien explicó que muchos profesores optaron por tomar licencia sin goce de sueldo o directamente renunciar ante la falta de recomposición salarial.
El conflicto se da en un contexto de creciente tensión entre el sistema universitario y la administración de Javier Milei, marcado por paros, protestas y reclamos por mejoras salariales y mayor presupuesto. De hecho, los gremios docentes y no docentes ya anticiparon nuevas medidas de fuerza para la próxima semana.
Según advirtió Díaz, la crisis impacta no solo en los docentes, sino también en los estudiantes. Señaló que muchas becas quedaron desactualizadas —algunas en torno a los $35.000—, lo que resulta insuficiente incluso para cubrir gastos básicos como el transporte.
El conflicto universitario combina dos ejes principales: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el recorte en los recursos para el funcionamiento de las instituciones. Rectores estiman que el sistema necesita alrededor de 7,2 billones de pesos para sostener sus actividades, mientras que el presupuesto oficial ronda los 4,8 billones.
En ese marco, la disputa por el financiamiento se intensificó en el plano político. El Congreso aprobó en dos oportunidades leyes para reforzar los fondos universitarios, pero ambas fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En el segundo caso, el Parlamento rechazó el veto, lo que dejó vigente la norma, aunque las universidades denuncian que aún no se cumple.
Frente a esta situación, las instituciones recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que obliga al Gobierno a avanzar con los pagos. Sin embargo, el Ejecutivo apeló la decisión y promueve cambios en la legislación para reducir su impacto fiscal.
El conflicto, que se arrastra desde el inicio de la actual gestión, ya provocó interrupciones en el calendario académico y amenaza con profundizarse. En el sector no descartan una huelga prolongada y evalúan convocar a una nueva marcha federal universitaria en las próximas semanas.
