Milei busca blindar por ley al Banco Central, para impedir la emisión destinada al déficit
La administración de Javier Milei comenzó a delinear una de las reformas económicas que considera centrales para la próxima etapa de gestión: modificar el funcionamiento del Banco Central para impedir que vuelva a utilizarse la emisión monetaria como herramienta de financiamiento del gasto público.
La iniciativa apunta a introducir cambios en la Carta Orgánica de la entidad monetaria y busca cerrar definitivamente la posibilidad de asistir al Tesoro mediante adelantos o transferencias extraordinarias, una práctica utilizada en distintos períodos para cubrir desequilibrios fiscales.
Actualmente, la normativa vigente habilita al Banco Central a otorgar asistencia financiera al Gobierno nacional bajo determinadas condiciones y límites. Ese esquema fue incorporado durante la reforma impulsada en 2012, que amplió considerablemente el margen de acción de la autoridad monetaria para intervenir en el financiamiento estatal.
Desde la Casa Rosada consideran que esa flexibilidad fue uno de los factores que contribuyó a los procesos inflacionarios registrados durante la última década y sostienen que una prohibición legal ayudaría a fortalecer la estabilidad monetaria de largo plazo.
El modelo que más interés despierta dentro del oficialismo es el de Perú, donde las restricciones al financiamiento del sector público por parte del banco central quedaron incorporadas tanto en la Constitución como en la legislación específica del organismo.
Ese esquema, implementado tras la crisis hiperinflacionaria que atravesó el país vecino a comienzos de los años noventa, también establece límites a la intervención cambiaria y prohíbe la existencia de múltiples tipos de cambio, algo que el Gobierno argentino observa como un antecedente cercano a su propuesta de competencia de monedas.
Otro de los aspectos que podría quedar bajo revisión es el mecanismo mediante el cual el Banco Central transfiere utilidades al Tesoro. Aunque durante la actual gestión se realizaron giros de ganancias contables, distintos economistas cuestionan que parte de esos recursos provienen de la revaluación de activos y reservas, lo que consideran una forma indirecta de financiamiento monetario.
La eventual reforma también reabre el debate sobre cuál debe ser el objetivo principal del Banco Central. Mientras la normativa anterior establecía como prioridad preservar el valor de la moneda, los cambios introducidos en 2012 ampliaron sus funciones hacia metas vinculadas al crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social.
Con este nuevo proyecto, el Gobierno busca volver a concentrar el rol del organismo en la estabilidad monetaria y en el control de la inflación, una de las principales banderas económicas de la gestión libertaria.