MEDIDAS
El Gobierno confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será el indicador de referencia para la actualización de los quebrantos empresariales, según adelantaron fuentes oficiales. Esta decisión busca reducir la creciente conflictividad con empresas y evitar juicios millonarios contra el Estado, un escenario que había sido advertido por especialistas.
El contexto: inflación y quebrantos empresariales
El oficialismo planteó en las sesiones extraordinarias un proyecto de Ley de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos. Aunque aún no se conoce la versión final del texto, el ajuste a través del IPC se perfila como una medida clave para el año 2025, donde la inflación proyectada alcanzaría un acumulado del 18,3%, según estimaciones oficiales realizadas en septiembre pasado.
Esta decisión está enmarcada en un contexto de alta inflación, donde los quebrantos empresariales pierden valor si no se actualizan. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, destacó que el índice de compensación debería mantenerse en línea con lo que establece la Ley 27.430. Además, insistió en la necesidad de extender el plazo de aplicación más allá de los cinco períodos fiscales actuales, para incluir retroactivamente beneficios en ejercicios anteriores.
El impacto del dictamen previo y la fiscalización de ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició recientemente una serie de fiscalizaciones a contribuyentes que actualizaron sus quebrantos basándose en criterios anteriores. Este movimiento se dio tras el dictamen firmado por la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, que afirmaba que los quebrantos no podían actualizarse.
El dictamen provocó preocupación en el sector privado, ya que empresas afectadas podrían iniciar demandas millonarias contra el Estado. Sin embargo, el nuevo proyecto busca revertir esta situación y evitar el uso indebido de recursos públicos en conflictos legales.
Un ajuste controvertido, pero necesario
Tributaristas y especialistas en derecho fiscal han manifestado posturas divididas. Por un lado, sostienen que la actualización por inflación es esencial para mantener el poder adquisitivo de las empresas en un entorno inflacionario. Por otro lado, algunos sectores advierten sobre los riesgos de extender retroactivamente los beneficios fiscales.
El oficialismo confía en que este ajuste reducirá tensiones con el sector empresarial y sentará las bases para una reforma tributaria más amplia. El proyecto también contempla medidas adicionales para garantizar que los quebrantos empresariales puedan aplicarse de manera retroactiva, generando saldos a favor que podrían utilizarse contra otros impuestos.
Un paso hacia la estabilidad fiscal
El proyecto de actualización de quebrantos representa un esfuerzo por parte del Gobierno para garantizar previsibilidad económica y reducir conflictos legales. Aunque enfrenta desafíos, la medida apunta a evitar litigios masivos y promover un sistema tributario más eficiente.
Con esta decisión, el Gobierno busca estabilizar la relación entre el Estado y las empresas, en un contexto donde la inflación sigue siendo un desafío clave para el desarrollo económico del país.
