Con la salida del cepo y el fin de la devaluación mensual del 1%, el Gobierno dejó de usar el ancla cambiaria como freno a los precios. En su lugar, apunta a una nueva estrategia: el control de tarifas, buscando frenar la inflación en un año clave por las elecciones legislativas.
Entre las medidas recientes, se destacan la suba del 3% en luz y gas, la postergación del impuesto a los combustibles y la decisión de congelar el boleto de colectivo. Además, se negocia con las prepagas para limitar los aumentos.

La inflación fue de 3,7% en marzo, la más alta desde agosto. Para evitar que el nuevo régimen de flotación cambiaria impacte aún más en los precios, el Gobierno combina herramientas tradicionales con otras más heterodoxas, como advertencias públicas a empresas por subas injustificadas.
Analistas advierten que estas decisiones podrían reducir la inflación de mayo en hasta 0,3 puntos, aunque alertan sobre los límites del modelo: importaciones más abiertas, tarifas reguladas y presiones fiscales que podrían generar tensiones más adelante.



