VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Abogados y organizaciones de Derechos Humanos solicitaron la intervención urgente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo que describen como un plan sistemático de criminalización de la defensa del agua y el ambiente en Mendoza. El pedido se fundamenta en un informe que documenta más de cuarenta detenciones arbitrarias, torturas y hostigamiento contra asambleístas, periodistas y estudiantes entre enero de 2025 y abril de 2026.
El detonante de esta situación fue la reactivación del Proyecto de cobre San Jorge en Uspallata, un emprendimiento megaminero a cielo abierto rechazado por distintos sectores en el marco de escasez hídrica. El informe señala que la reactivación ocurrió en un contexto de promoción de grandes inversiones extractivas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma de la Ley de Glaciares.
Uno de los casos iniciales fue el de Mauricio Cornejo y Federico Soria, integrantes de la Asamblea de Vecinos de Uspallata, imputados por "coerción ideológica". El 11 de diciembre de 2025, cuando la Legislatura aprobó la ley que habilitó el proyecto minero, trece personas fueron detenidas en el centro mendocino, incluidos periodistas que cubrían la protesta.
El informe atribuye responsabilidades a los cuatro poderes del Estado provincial y sostiene que los hechos comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos.
