SEGURIDAD
La Dirección General de Escuelas de Mendoza endureció su postura frente a las amenazas de tiroteos y hechos de intimidación registrados en distintos establecimientos educativos de la provincia. A través de una circular oficial, el organismo estableció nuevas responsabilidades para las familias y confirmó que avanzará con acciones legales en determinados casos.
El documento enfatiza el llamado “Deber de Garantía”, que atribuye a los padres la responsabilidad de supervisar las pertenencias con las que los estudiantes concurren a la escuela. En ese sentido, la DGE sostiene que los adultos deben asegurar que los menores no porten objetos que puedan ser utilizados para agredir, lesionar o alterar el normal desarrollo de la actividad educativa.
Asimismo, el organismo advirtió que cualquier incumplimiento en este deber de cuidado puede derivar en consecuencias legales y patrimoniales para los responsables.
Uno de los puntos centrales de la circular establece que la DGE iniciará acciones judiciales para trasladar a los padres los costos operativos generados por despliegues de seguridad ante “actos de intimidación pública, falsas alarmas o situaciones que alteren el orden institucional”. Según el organismo, estos operativos implican una importante erogación de recursos del Estado.
La medida se enmarca en normativas que tipifican la intimidación pública y en el Código Contravencional vigente, que permite sancionar conductas que afecten el orden público.
Además, la DGE informó que las familias podrán ser citadas obligatoriamente por las escuelas y que, en caso de no asistir sin justificación, podrían enfrentar denuncias por negligencia.
Finalmente, el organismo remarcó que la protección de docentes, directivos y personal no docente es una prioridad, y que cualquier hecho de intimidación será abordado con medidas administrativas y judiciales para resguardar la seguridad dentro del ámbito educativo.
