La negociación paritaria entre el Gobierno de Mendoza y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) terminó sin acuerdo. El sindicato resolvió rechazar la propuesta salarial oficial y convocó a una asamblea general el miércoles 27, donde se definirá el plan de lucha en toda la provincia.
El ofrecimiento del Ejecutivo consistía en un aumento total del 10%, distribuido en tres tramos: 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre. Además, incluía un incentivo por desempeño basado en una tabla de puntuaciones, que sería administrada por cada área a través de evaluaciones realizadas por jefes y autoridades. Este punto generó fuerte malestar en el gremio, que lo interpreta como un intento de implementar una reforma laboral encubierta.
ATE, que representa a trabajadores de Salud, la Dirección General de Escuelas, la Dirección de Registros Públicos Judiciales y la Administración Central, considera que el planteo no satisface los reclamos de las bases. Entre las principales demandas figuran:
Aumento de la clase inicial acorde al costo de la canasta básica alimentaria (estimada en $1.300.000).
Pase a planta de contratados y prestadores.
Creación de un incentivo regulado en el Convenio Colectivo de Trabajo, con participación sindical.
Reconocimiento a licenciados en Enfermería.
Pago de productividad a todos los sectores.
Mientras tanto, el Gobierno provincial avanza en la aplicación del aumento por decreto para el sector judicial, lo que agrega tensión al escenario de las paritarias.
