PROYECTO MINERO
Este miércoles, desde las 11, la Cámara de Diputados protagonizará una jornada que promete ser extensa y decisiva. El cuerpo legislativo debatirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, presentado por PSJ Cobre Mendocino, que busca habilitar la extracción de cobre en la zona de Uspallata, en el departamento de Las Heras.
El expediente es una de las prioridades de la segunda gestión de Alfredo Cornejo, quien busca impulsar una reconfiguración de la matriz productiva provincial a través de la ampliación de la actividad minera. Tras varias semanas de reuniones en comisiones, el oficialismo llega al recinto con los votos necesarios para garantizar la media sanción.
Mientras avance el debate legislativo, distintos colectivos sociales anunciaron que se movilizarán hacia la Legislatura. Las asambleas por el agua, históricas opositoras del proyecto, convocaron a manifestarse desde distintos puntos de la provincia.
Ante la expectativa de una importante concentración, el Gobierno dispuso un operativo de seguridad para resguardar el desarrollo de la sesión y evitar incidentes.
Una historia marcada por rechazos
San Jorge arrastra más de una década de conflicto social y político. El proyecto ha enfrentado múltiples objeciones técnicas, críticas de organizaciones ambientalistas y la ausencia de licencia social. En 2011, la propia Legislatura rechazó por unanimidad su Declaración de Impacto Ambiental.
Sin embargo, la iniciativa fue reflotada tras el regreso de Cornejo al Ejecutivo. El proyecto obtuvo recientemente la aprobación técnica de su DIA y ahora busca ser ratificado por la Legislatura.
El aval político y los próximos pasos
El Gobierno interpreta el reciente triunfo electoral del oficialismo como un respaldo ciudadano para avanzar con la agenda minera. En esa línea, Cornejo aseguró este martes que “hay consenso social para hacer minería”, y afirmó que “a pesar de las minorías ruidosas, la mayoría de los mendocinos quiere minería”.
Si la Cámara de Diputados otorga la media sanción y el Senado acompaña la decisión, la empresa podrá iniciar la fase de factibilización de la mina, un proceso que podría extenderse durante todo 2026.
Superada esa etapa, comenzaría la construcción de la mina, estimada en un plazo de entre 18 y 24 meses, con un impacto laboral directo e indirecto cercano a las 3.000 personas. Una vez en operación, el proyecto generaría entre 600 y 700 empleos directos y alrededor de 2.000 indirectos.
