Polémica
El bloque peronista en la Cámara de Diputados provincial de Mendoza anunció que pedirá un juicio político al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, por supuestos "hechos de corrupción" cometidos en torno a los "falsos subsidios" que se le iban a entregar a la fundación Acción Social, presidida por el exsenador provincial Héctor Bonarrico, aliado del oficialismo local.
El jefe de bloque del Frente de Todos provincial, Germán Gómez, destacóque “hasta el momento no tenemos una explicación por parte del gobierno provincial ni del ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, con el tema Bonarrico”.
También acusó a Ibáñez de haber sido "partícipe necesario de este hecho de corrupción, donde crearon un falso subsidio, un subsidio mentiroso para beneficiar a un particular con recursos económicos que le pertenecen a todos los mendocinos".
El diputado provincial destacó, además, que busca "iniciar el juicio político al funcionario a los efectos de que concurra a la Legislatura, sea juzgado políticamente y destituido de su cargo”.
El legislador indicó que la semana que viene se tratará esta solicitud y "si se logran las mayorías necesarias, se formará la comisión de juicio político y se iniciará todo el proceso de acusación".
Se necesita mayoría especial para iniciar juicio político a un funcionario y teniendo en cuenta que el oficialismo tiene mayoría no se espera que la solicitud en la Casa de las Leyes prospere.
“Creemos que es un hecho muy grave que ha puesto en vilo a las instituciones de la provincia de Mendoza. Hay un Gobierno que lo esconde para que no dé explicaciones. La justicia tiene que investigar y llegar a las ultimas consecuencias”, aseguró Gómez, quien cuestionó que aún no se haya citado a dar declaración a los funcionarios que intervinieron en el convenio.
La presidenta del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, presentó el mes pasado una denuncia judicial contra el gobierno provincial en el llamado "Caso Bonarrico", el pastor y exsenador provincial que sostuvo públicamente que el Gobierno provincial le entregó a su fundación 18 millones de pesos para que se bajara de una candidatura en las últimas elecciones, convenio que el gobernador decidió retraer tras los dichos del pastor.
En el documento se pidió a la Justicia que averigüe la posible comisión de varios delitos, como negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.
