PROYECTO
La identificación balística volverá a debatirse en la Legislatura de Mendoza. El Ministerio de Seguridad prepara un proyecto de ley para otorgar respaldo legal al Laboratorio de Identificación Balística, una iniciativa con la que busca reemplazar el protocolo que fue derogado a comienzos de este año. Mientras el Ejecutivo sostiene que la herramienta fortalecerá las investigaciones judiciales, referentes de los legítimos usuarios de armas advierten que la propuesta continúa enfocándose en el armamento registrado y no en el mercado ilegal.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó que el objetivo es que el laboratorio cuente con un marco normativo similar al del Laboratorio de Huella Genética, permitiendo identificar si un arma fue utilizada en distintos hechos delictivos y establecer vínculos entre investigaciones mediante el análisis de las marcas que deja cada disparo.
“Nos permite identificar el arma utilizada en un homicidio o en un robo y reconstruir esa trazabilidad como hoy hacemos con el laboratorio de huella genética. Necesitamos que también tenga su propia ley”, comentó Mercedes Rus.
Desde el Ministerio informaron que la iniciativa será enviada a la Legislatura durante el segundo semestre, aunque todavía no se confirmó la fecha de presentación. También precisaron que las armas que actualmente ingresan al sistema ya están siendo analizadas e incorporadas a la base de datos balística, de modo que la información quede disponible cuando entre en vigencia el nuevo marco legal.
El Gobierno busca reemplazar el protocolo derogado con una ley
En febrero, el Ministerio de Seguridad dejó sin efecto el protocolo de identificación balística, una medida que había generado una fuerte polémica entre usuarios registrados, instructores y entidades relacionadas con la actividad.
Con este nuevo proyecto, el Ejecutivo propone un esquema diferente: en lugar de sostener el funcionamiento del laboratorio mediante una resolución administrativa, pretende que la herramienta quede respaldada por una ley aprobada por la Legislatura. Una vez sancionada, también se elaborarán los protocolos que regularán el funcionamiento del sistema.
Costos, implementación y el foco sobre las armas ilegales
Aunque el cambio de estrategia modifica el respaldo legal del laboratorio, desde distintos sectores sostienen que persisten interrogantes sobre su aplicación. El presidente de la Asociación Civil Mendoza de Actividad Cinegética (Acmac), Luis Alberto Piazza, afirmó que el proyecto “no está mal en su intención”, aunque consideró que presenta dificultades prácticas.
Entre las principales observaciones señaló que el Estado continúa concentrando los controles sobre los legítimos usuarios de armas, cuando, según indicó, la mayoría de los delitos con armas de fuego involucra armamento proveniente del mercado ilegal o sustraído de depósitos judiciales.
Piazza también advirtió que todavía no está definido quién aportará la munición necesaria para realizar los disparos de prueba, quién afrontará esos costos ni cómo se organizará el traslado de las armas hacia los centros de peritaje. Además, recordó que existen armas antiguas o de colección cuyos calibres ya no se fabrican, una situación que podría dificultar o impedir la realización de los estudios balísticos previstos.
Desde Acmac plantearon además que debería priorizarse el peritaje de las armas pertenecientes a las fuerzas de seguridad y de aquellas que permanecen bajo custodia judicial, antes de avanzar sobre las registradas por usuarios particulares. En ese sentido, remarcaron que las armas utilizadas en hechos delictivos suelen provenir del mercado ilegal, por lo que difícilmente integren una base de datos oficial.
