El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estuvo este viernes a Mendoza y se reunió con productores, bodegueros y representantes del sector vitivinícola, tras la reciente eliminación de 973 normativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La convocatoria, realizada en la sede del organismo, reunió a más de 60 actores clave que buscaban precisiones sobre el alcance de la reforma.
A lo largo del encuentro, Sturzenegger reiteró que la desregulación no será revertida, aunque aseguró que se llevará a Buenos Aires los planteos realizados para su evaluación. El funcionario remarcó que el nuevo esquema regulatorio redefine la función del INV: dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo y enfocará sus controles en la trazabilidad y calidad del producto final.

La medida implica que los productores podrán optar por gestionar certificaciones de origen, añada y varietal de manera voluntaria. También tendrán la posibilidad de implementar sus propios sistemas de seguimiento o contratar servicios privados, según las necesidades de cada empresa o mercado.
El cambio generó una reacción diversa en el sector. Mientras algunos valoraron la reducción de cargas administrativas, otros expresaron preocupación por la pérdida de controles históricos en un rubro donde la calidad y la diferenciación son claves para la competitividad internacional.
Uno de los puntos más sensibles fue el Certificado de Ingreso de Uvas (CIU), que podría pasar a ser optativo. Funcionarios provinciales que acompañaron la reunión, como la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, destacaron que la mayoría de los presentes coincidió en que la desburocratización era necesaria, aunque señalaron que ciertos elementos requieren revisión por su impacto operativo.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el INV seguirá funcionando, aunque con un rol diferente. En lugar de inspeccionar bodegas y viñedos como lo hacía históricamente, concentrará sus tareas en el control del vino terminado, verificando que lo declarado en etiquetas se corresponda con el contenido y aplicando sanciones en caso de irregularidades.
Sturzenegger sostuvo que la reforma cuenta con un amplio apoyo y que el proceso de desregulación será dinámico, abierto a revisiones y ajustes según las demandas del sector. El encuentro dejó como saldo una serie de planteos que ahora deberán ser evaluados por el Ejecutivo nacional, sin definiciones concretas por el momento.
El nuevo esquema alcanza a productores de uva, bodegas, fábricas de mosto, espumosos, productos enológicos, fraccionadoras, distribuidoras, exportadoras, importadoras y laboratorios, por lo que cualquier modificación futura tendrá impacto directo en toda la cadena productiva vitivinícola.
