CASO CERRADO
El juez Darío Dal Dosso, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, de San Martín, condenó este jueves al empresario Roberto Gabutti a la pena de un año de prisión efectiva por el delito de usurpación. En el mismo fallo, el magistrado absolvió por el beneficio de la duda a un hijo del condenado, Joaquín Gabutti, y ordenó la inmediata restitución de la vivienda que fue objeto del juicio a la víctima, una mujer de 50 años, discapacitada mental.
La pena de un año de prisión hubiera quedado en suspenso, si no hubiera sido porque el imputado ya tiene una condena previa. Por esto, el juez dispuso que Gabutti se presente en el Juzgado una vez que la sentencia quede firme, para quedar detenido y cumplir la sentencia en prisión.
La víctima es Laura B, una mujer discapacitada mental, de 50 años, muy conocida en San Martín. La casa usurpada era la suya, que perteneció a sus padres ya fallecidos y único bien que posee, ubicada en la calle Zapiola del barrio Jardín Los Andes, de esa ciudad del este de Mendoza. “Laura no es una víctima cualquiera. Ella es mujer, pobre y discapacitada. Es una interseccionalidad de vulnerabilidades que el Estado debe atender”, dijo la asesora de Pobres e Incapaces, Nadia Tordi.
En su alegato, la asesora había también subrayado que “el victimario tampoco es un victimario cualquiera. Los antecedentes judiciales indican que el señor Roberto Gabutti fue acusado de 28 hechos de encubrimiento y uno de 2009 por falsedad de instrumento público, todos casos relacionados con su actividad comercial. No es un vecino del barrio Jardín”.
Laura fue hija única. A los trece años se le diagnosticó esquizofrenia, pero pudo continuar la vida con cierta normalidad. A los veintidós quedó embarazada y pudo criar a su hijo los primeros años. Pero sus padres murieron en ese tiempo y la situación se complicó. Laura continuó viviendo en la casa familiar, mientras el Estado ejercía cierta tutela sobre ella, especialmente analizando que pudiera cumplir su rol de madre. Y pudo hacerlo hasta que el niño cumplió los siete años. Allí se produjo una situación de riesgo serio para el menor y se debió tomar una medida judicial extrema para salvaguardar la integridad física y emocional del niño.
Laura perdió su patria potestad y el pequeño fue entregado en adopción. Haber perdido a sus padres y a su hijo fue un duro impacto en la salud psíquica de Laura, que debió ser internada. Esa internación fue una de las más largas, unos cuatro años, hasta que pudo volver a su casa de San Martín. Después, se sucedieron otras internaciones en algunos momentos de la vida de Laura, pero ninguna tan extensa como aquella.
Mientras estaba en San Martín, Laura vivía en su casa y salía a recorrer las calles de la ciudad, por momentos vendiendo perfumes y algunos otros artículos de belleza. El Estado la acompañaba, aún lo hace, con la supervisión de una asistente. Además, sus intereses y su evolución eran seguidos por una asesora de Pobres e Incapaces del Poder Judicial. La vida de Laura se complicó aún más en 2019. Después de regresar de una de sus internaciones, Laura se encontró con que su casa había sido usurpada.
Quien había usurpado la vivienda era una mujer, posiblemente en acuerdo con otra, que no lograban ser desalojadas por razones formales, como el hecho de que no fue posible notificarlas de las actuaciones judiciales. Pero todo empeoró aún más hace un tiempo, no más de dos años, cuando apareció el empresario Roberto Gabutti, conocido en la zona por ser el titular de uno de los desarmaderos de autos de San Martín.
Las mujeres salieron de foco y Gabutti pasó a ser el “propietario” de la vivienda, tal cual el mismo lo anunció a los vecinos en un cartel que hizo poner en el frente de la casa. “Propiedad de Roberto Gabutti”, decía. La Justicia, a partir de allí, fue contra el empresario. Roberto Gabutti fue imputado y también su hijo, Joaquín Gabutti, debido a prestó su nombre para algunas de las acciones realizadas por su padre. En el caso del hijo, el Tribunal finalmente lo absolvió por beneficio de la duda.
En los alegatos el fiscal correccional Emiliano Ortega había pedido dos años de prisión para el empresario y seis meses para su hijo. En ese momento Ortega sostuvo que todos los actos realizados por Gabutti fueron “tendientes al engaño” y que, si hubiera realizado algún pago por una cesión de derechos de acciones posesorias, fue “una compra a riesgo, por un precio vil y del que ni siquiera hay un comprobante de pago” y resaltó que a Gabutti “no le importó el daño causado y no demostró ninguna empatía con la víctima”.
Finalmente el juez Darío Dal Dosso, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, de San Martín, condenó al empresario Roberto Gabutti a la pena de un año de prisión efectiva por el delito de usurpación, intimándolo a presentarse ante él para quedar detenido, una vez que la sentencia quede firme. En el mismo fallo, el juez absolvió por beneficio de la duda a un hijo del condenado, Joaquín Gabutti, y ordenó la inmediata restitución de la vivienda.
