PÉRDIDAS
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a poner en el centro del debate la reducción del impuesto a las Ganancias, uno de los tributos coparticipables más relevantes para las provincias. El proyecto contempla una baja gradual de las alícuotas que pagan las empresas, una medida que genera preocupación por su impacto fiscal, aunque cuenta con el respaldo del Gobierno de Mendoza.
Según estimaciones oficiales, la reducción de Ganancias implicaría para la provincia una pérdida anual de entre $50.000 y $60.000 millones en recursos coparticipables desde su entrada en vigencia. Aun así, la administración mendocina decidió acompañar la iniciativa, alineada políticamente con el oficialismo nacional.
El proyecto establece cambios en la escala del impuesto para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2026, aunque su aplicación efectiva queda supeditada a una decisión del Ministerio de Economía. Esta condición fue incorporada durante el debate legislativo y vincula la reducción impositiva al cumplimiento de las metas de equilibrio fiscal.
De acuerdo con el articulado, la alícuota general del 30% se reduciría al 27%, mientras que la del 35% bajaría al 31,5%, lo que representa una disminución promedio del 10%. El objetivo de la medida es mejorar la competitividad, incentivar la reinversión de utilidades y fomentar la creación de empleo.
Un informe técnico estimó que la baja de Ganancias tendría un costo fiscal total cercano a los $1,9 billones, de los cuales $1,1 billones corresponderían a recursos que dejarían de percibir las provincias. Para Mendoza, la pérdida proyectada ronda los $45.000 millones en 2027, aunque las estimaciones provinciales elevan ese impacto a valores superiores.
Mientras varios gobernadores expresaron su preocupación por una nueva reducción de fondos coparticipables en un contexto de ajuste, y reclamaron compensaciones a través de otros impuestos como el cheque o los combustibles, Mendoza optó por sostener su respaldo a la reforma. La provincia considera que la baja de impuestos puede generar efectos positivos en la actividad económica que compensen, al menos parcialmente, la caída de la recaudación.
También se planteó la posibilidad de postergar la entrada en vigencia de la reducción de alícuotas para los ejercicios fiscales de 2027, con el objetivo de suavizar el impacto inmediato sobre las cuentas provinciales. Sin embargo, el proyecto mantiene como fecha inicial el año 2026.
Además de la modificación en Ganancias para las empresas, la reforma laboral incorpora otros alivios tributarios. Entre ellos, se incluyen exenciones para las ganancias provenientes del alquiler de viviendas destinadas a casa-habitación, la eliminación del impuesto sobre la venta de inmuebles y la ampliación de beneficios para los intereses de plazos fijos, sin distinción de moneda.
El proyecto será debatido durante las sesiones extraordinarias de febrero, con una expectativa de media sanción en la primera quincena del mes. En ese marco, el oficialismo intensificó las negociaciones con los gobernadores para garantizar el apoyo necesario que permita avanzar con la reforma.
