LEGISLATURA
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Mendoza propone duplicar las multas para los funcionarios públicos que sean detectados conduciendo con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido. La iniciativa busca establecer una sanción económica más severa para quienes ejercen cargos en el Estado, al considerar que tienen una responsabilidad institucional frente a la ciudadanía.
El proyecto plantea incorporar el artículo 67 Ter a la Ley Provincial de Tránsito N° 9.099. En caso de que un funcionario público arroje un resultado positivo en un control de alcoholemia por encima del límite legal, deberá abonar una multa equivalente al doble de la prevista para cualquier otro conductor.
El diputado Edgardo Civit Evans, impulsor de la propuesta, explicó que el objetivo es aplicar una sanción diferenciada a quienes cumplen funciones públicas, al entender que representan al Estado y deben actuar como ejemplo para la sociedad.
De aprobarse, la medida comprendería a funcionarios de los tres poderes del Estado y de los municipios, sin importar su jerarquía. Alcanzaría al gobernador, ministros, legisladores, jueces, concejales y funcionarios municipales, tanto electos como designados.
El proyecto también abre el debate sobre otras sanciones viales
Según explicó el legislador, la propuesta no modifica otras penalidades previstas por la legislación vigente, como la suspensión de la licencia de conducir, sino que se limita a incrementar el monto de la multa económica.
Además, adelantó que durante el tratamiento en comisiones buscará impulsar una discusión para incorporar posibles sanciones dirigidas a quienes conduzcan bajo los efectos de drogas, al considerar que esa conducta también implica un riesgo para la seguridad vial.
Civit Evans aclaró que, si bien en los últimos meses trascendieron distintos casos de funcionarios involucrados en controles de alcoholemia positivos, el proyecto fue presentado con anterioridad y no como respuesta a esos episodios.
La iniciativa, identificada como expediente 86362, permanece en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial, donde continuará su tratamiento antes de una eventual discusión en el recinto.
