INCENTIVOS
El Gobierno de Mendoza oficializó su adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) mediante la promulgación de la Ley 9.718, que busca fomentar el desarrollo de proyectos productivos en la provincia. Además de los beneficios previstos por la legislación nacional, las empresas que se incorporen al régimen accederán durante diez años a una serie de incentivos provinciales destinados a facilitar nuevas inversiones.
Entre los principales beneficios se destacan la estabilidad impositiva, que impide la creación de nuevos tributos provinciales o el aumento de la carga fiscal durante el período de vigencia, el acceso preferencial a programas de financiamiento, subsidios de tasas de interés, capacitación, asistencia técnica, promoción del empleo y prioridad para radicarse en parques industriales. También se habilita el pago del Impuesto de Sellos mediante planes especiales para quienes acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La ley también impulsa una profunda reorganización del Estado provincial. Uno de sus puntos centrales es la disolución de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, cuyo proceso de liquidación quedará bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Además, las acciones que el organismo posee en Mendoza Fiduciaria S.A. pasarán a manos del Gobierno provincial, mientras que esa sociedad asumirá la administración de la mayoría de los fideicomisos que gestionaba el ente.
Otro de los capítulos introduce cambios en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que contará con un plazo de un año para reorganizar su estructura administrativa y financiera. La normativa autoriza modificaciones en la organización interna, reasignaciones presupuestarias y medidas orientadas a garantizar el equilibrio económico del organismo, sin afectar los recursos destinados a programas de salud.
Respecto del personal alcanzado por estos procesos, la ley contempla un régimen de retiro voluntario con una compensación equivalente al 120% de la indemnización, la posibilidad de reubicación en otros organismos de la administración pública o, en caso de no ser viable ninguna de esas alternativas, la desvinculación con la indemnización correspondiente. Asimismo, quienes cesen su relación laboral podrán conservar la cobertura de OSEP en las condiciones previstas por la legislación vigente.
La norma también incorpora medidas para la administración de los activos de los ex bancos oficiales, autoriza la cancelación de operaciones consideradas incobrables y establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas será la autoridad de aplicación del RIMI y de las reformas administrativas. La ley ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial e invita a los municipios mendocinos a adherir al régimen de beneficios para inversiones.
Fuente: diario El Sol
