AJUSTE
La Justicia obligó al Ejecutivo a suspender los despidos de 300 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y fijó una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento. Mientas, los cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) continúan en estudio.
El conflicto se originó tras la emisión del decreto 462/2025, que reubicaba a los organismos descentralizados bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía. El decreto incluía despidos y modificaciones en la estructura operativa de los institutos, afectando a cientos de trabajadores.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una acción judicial solicitando una medida cautelar de no innovar para el INTA. El juzgado federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín estableció que el Estado debía suspender cualquier acto derivado del decreto, incluyendo cesantías y traslados, por seis meses. Posteriormente, se amplió la medida y se fijó una multa de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplimiento.
A raíz de esta resolución, el Ministerio de Economía notificó al director del INTA para que se suspendan los despidos y se restablezca la estructura anterior, evitando así la aplicación de la medida sobre los 300 empleados afectados. Esta decisión permitió que el instituto mantenga la operatividad mínima, aunque persiste la dificultad para afrontar gastos cotidianos, que ahora requieren autorización del ministerio.
Situación en el INV
En el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el panorama es diferente. La resolución de Luis Caputo dispuso la disponibilidad de 49 empleados en Mendoza, y hasta ahora no se ha notificado formalmente al titular del organismo ni existe medida judicial que frene los cambios.
El pase a disponibilidad implica que los empleados deben permanecer a disposición del organismo hasta un año, con reducción de haberes y posible finalización del contrato al término de ese período. Mientras tanto, continúan cumpliendo funciones en sus puestos de trabajo, aunque con incertidumbre sobre su futuro laboral.
Las modificaciones al INV también afectaban las competencias del organismo, limitando los controles obligatorios sobre etapas iniciales e intermedias de la producción vitivinícola, concentrándose en el producto final. Esto generó tanto apoyo de algunos sectores de la industria como dudas sobre la seguridad del control y la certificación de calidad del vino.
Impacto operativo y futuro
La suspensión de los despidos en el INTA garantiza, por ahora, el funcionamiento de proyectos de investigación. En el caso del INV, la industria vitivinícola espera definiciones sobre la aplicación de los cambios y la regulación de los controles que habían sido modificados por el decreto.
El escenario deja en evidencia la tensión entre las decisiones administrativas del Ejecutivo y los derechos laborales, mientras la Justicia sigue interviniendo para garantizar la vigencia de las normas y la protección de los empleados.
