INVESTIGACIÓN EN CURSO
Un adulto mayor de 79 años murió tras un corte de energía eléctrica ocurrido en un geriátrico que, de acuerdo con la investigación judicial, funcionaba sin habilitación en el departamento de Las Heras. Por el hecho, la Justicia ordenó la detención de la propietaria del establecimiento, mientras avanza una causa para determinar las responsabilidades por el fallecimiento.
El episodio, según publica este viernes El Sol online, se registró en un inmueble ubicado sobre calle Benavente 631, donde, según las primeras actuaciones, funcionaba un hogar para adultos mayores que alojaba a 10 residentes y cobraba alrededor de 700 mil pesos mensuales por persona.
Investigan si la falta de asistencia agravó la situación del paciente
La víctima fue identificada como Raúl Pereira, quien padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en estado avanzado y necesitaba asistencia respiratoria permanente.
De acuerdo con la investigación, cuando se produjo el corte de luz, el equipo que utilizaba para asistir su respiración dejó de funcionar. Las primeras medidas judiciales sostienen que, en lugar de solicitar de inmediato una ambulancia o trasladarlo a un centro de salud, quienes estaban a cargo del geriátrico esperaron el restablecimiento del servicio eléctrico.
Como la energía no regresó, finalmente dieron aviso al hijo del hombre, quien lo trasladó en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, donde, según indicaron las fuentes del caso, ingresó sin vida.
La causa quedó inicialmente a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien dispuso allanamientos en el establecimiento y ordenó la aprehensión de la mujer señalada como propietaria y responsable del geriátrico.
Durante los procedimientos se secuestró documentación y otros elementos de interés para reconstruir el funcionamiento del lugar y establecer las circunstancias que rodearon la muerte del adulto mayor.
En paralelo, participaron inspectores de la Municipalidad de Las Heras y personal del Ministerio de Salud, quienes iniciaron actuaciones para la clausura del establecimiento y verificaban si el lugar contaba con habilitaciones, controles sanitarios y las condiciones exigidas para alojar a personas mayores.
Por disposición judicial, el expediente será remitido a la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, que continuará con la investigación. Según trascendió, la mujer detenida sería imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte, figura que contempla penas de 5 a 15 años de prisión, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer el caso.
