Abusos sexuales
El segundo juicio por los abusos sexuales cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza a menores de edad sumó un nuevo y polémico capítulo. La defensa de las ocho acusadas solicitaron la absolución y pidieron que se investigue por falso testimonio a profesionales que declararon en el caso y a los fiscales.
Los representantes de las religiosas Asunción Martínez y Kumiko Kosaka reiteraron el pedido de absolución para sus clientas.
Una por una, las acusaciones de la defensa
- En el caso de la solicitud de investigación por falso testimonio, aseguraron que la psicóloga Gemma Lara “obstaculizó las pericias ordenadas por el Juzgado de Garantías sobre las denunciantes y querellantes”. “Afectó el derecho defensa, el juicio justo y debido proceso. Su obligación como funcionaria pública en su rol de perito e incumplió sus deberes”, expresaron.
- Por su parte, la acusación contra la psicóloga Andrea Riveros radica en “haber falseado su pericia sobre una de las víctimas”. Mientras que, sobre la segunda psicóloga, Ana Cuchhi, y el psiquiatra, José Profili, sería por “impedir el derecho al control y participación en la pericia de uno de los denunciantes”.
- Contra Natalia Villalonga por el delito de “falso testimonio agravado conforme lo declarado en las audiencias de 28, 29 y 30 de marzo del 2022, en perjuicio de las religiosas Martínez y Kosaka”.
- Apuntaron también contra Perla Jaque al “sostener falsamente situaciones de conocimiento, encuentros y responsabilidades que no surgen de la documentación y testimonios existentes”.
- Sobre Luis Battistelli, presidente de la Asociación de Sordos de Mendoza, acusaron acerca de “supuestas reuniones en el Arzobispado de Mendoza y de haber tomado conocimiento de presuntos abusos de manera directa y omitido realizar las denuncias correspondientes conforme su obligación como presidente de una ONG de sordos”.
- Con respecto al pedido de investigación que realizaron, apuntaron contra el abogado Oscar Barrera por el delito de Acción Pública, las intérpretes Estela Alcar, Débora Pizarro de Mendoza, la Intérprete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Delegación Misiones Roxana Giottier y la Psicóloga Claudia Espíndola de esa misma repartición por la manipulación del testimonio en perjuicio de Martínez. “Afectó el derecho de defensa, a juicio justo y debido proceso legal”.
- También pidió que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza investigue la conducta de los abogados Sergio Salinas, Lucas Lecour, Jan Dantiac y Oscar Barrera por los hechos denunciados. Y que determine la conducta de la Psicóloga Candela Alvaro quien, con la trabajadora social Laura Bernaldo, “contaminaron testimonios y abusando de sus funciones”.
- Por último, para los fiscales Gustavo Stroppiana y Alejandro Iturbide solicitan una investigación por obstrucción a la justicia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y abuso de poder el ocultamiento de prueba, la no protección de la reserva de las actuaciones, la filtración de prueba esencial, la no protección de las personas denunciantes a quienes se les daba la identidad reservada y por otro lado se exhibían en los medios de comunicación y redes sociales, la arbitraria prisión preventiva de Kumiko Kosaka al margen de la ley nacional y los tratados internacionales y la intimidación a testigos mediante denuncias, secuestros y allanamientos durante el juicio, las que han sido desvirtuadas absolutamente por decisiones judiciales firmes.
El inicio de un caso aberrante
Todo comenzó en noviembre de 2016, cuando la primera denuncia salió a la luz. "Una primera víctima no aguantó más, porque se encontró en la Asociación de Sordos con otra chica, recordó quien era y lo que le había pasado a ella. Decidió ir a buscar al servicio de intérpretes de la municipalidad de Mendoza para que le ayudara a transmitir ante la autoridad lo que le estaba pasando".
La denuncia se motorizó cuando la por entonces vicegobernadora Laura Montero habló con el procurador Alejandro Gullé y, finalmente, quedó materializada.
